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Tres grupos armados controlan la frontera Colombia-Venezuela

Grupos armados ilegales imponen su ley en una amplia franja
de la frontera entre Colombia y Venezuela, a ambos lados, donde amenazan a los
habitantes con castigos como multas o trabajos forzados hasta la muerte, alertó
Human Rights Watch (HRW).

Esta situación se presenta en el departamento colombiano de
Arauca y el vecino estado venezolano de Apure, región fronteriza a merced de
grupos guerrilleros y otras organizaciones armadas que cometen todo tipo de
abusos con total impunidad, indica un informe.

“Los residentes en Arauca y Apure viven con miedo, ya que los
grupos armados reclutan a sus hijos e imponen sus propias reglas, amenazan y
castigan a quienes desobedecen, incluso con asesinatos o meses de trabajo
forzado en los campos”, dijo el director ejecutivo para las Américas de HRW,
José Miguel Vivanco, quien presentó el estudio en Bogotá.

En el informe “Los guerrilleros son la policía: Control
social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento
colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure” se documentan abusos en
ambos lados de la frontera por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación
Nacional (ELN), una disidencia de las FARC y las venezolanas Fuerzas
Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN).

HRW subraya que en esa parte de la frontera “los grupos
armados no estatales usan la violencia para controlar la vida cotidiana de las
personas”.

Para constatar la situación, HRW visitó Arauca, en el este de
Colombia, en agosto de 2019 y entrevistó a 105 personas, incluidos líderes
comunitarios, víctimas de abusos y familiares, trabajadores humanitarios,
defensores de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas.

Las reglas incluyen medidas de carácter judicial como toques
de queda, “prohibiciones de violación, robo y asesinato” y regulaciones que
rigen las actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y los
horarios de cierre de bares.

Según el organismo, en algunas áreas “prohíben usar cascos de
motocicleta para que los miembros del grupo armado puedan ver las caras de los
viajeros y extorsionan rutinariamente dinero a prácticamente cualquier persona
que realice actividades económicas”.

En línea con este intento de establecer un Estado paralelo, en abril de
2018 las disidencias de las FARC mataron a dos hombres por el secuestro y
asesinato de una vecina de Arauquita, Colombia. Junto a los cadáveres se
encontró una nota que decía: «Hacemos justicia».

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