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Sin coordinación, programas estatales de apoyo por pandemia

Por Alejandro Suárez / El Sol de México

Los programas estatales de apoyos durante la pandemia carecen de una política integral para lograr su objetivo, concluyó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“Es necesario contar con una estrategia integral nacional y coordinada; lo que se observa es la generación de acciones y programas específicos que no constituyen una política integral y estructurada”, dice el estudio Panorama de los programas y acciones sociales en las entidades federativas para dar respuesta a los efectos de la pandemia por el Covid-19.

En su estudio, el Coneval identificó 667 programas y acciones sociales estatales destinadas a apoyar a la población contra la crisis sanitaria, económica y social provocada por la emergencia sanitaria. La entidad con más programas es Tamaulipas con 72, seguido de Morelos y Campeche con 50 y 43, respectivamente.

“Sin embargo, un mayor número de programas no necesariamente generará un mejor resultado; la existencia de diversas acciones puede reflejar una mayor desagregación de un problema público”, advierte el Consejo.

El informe destaca que no hay registro que 279 de estas acciones estatales utilizaran evidencia para su elaboración.

“En el contexto de la pandemia, el contar con elementos de monitoreo y evaluación tiene aún mayor relevancia, dado que permiten identificar y priorizar las acciones, dar seguimiento a los avances y evaluar los resultados. De esta manera, se tiene evidencia de lo que sí funciona o de las oportunidades de mejora en el diseño o implementación de las políticas, programas o acciones”, dice el organismo.

Dentro de las recomendaciones de Coneval para los programas estatales está el diseño de instrumentos de medición de su impacto, ya que identificó que, por ejemplo, 49.6 por ciento carece de un padrón de beneficiarios y 52.9 por ciento no tiene una estrategia de evaluación.

“Es importante que se documente y hagan públicas las herramientas necesarias para diseñar, monitorear y evaluar las intervenciones; lo que se identificó es que muy pocas de estas herramientas son públicas”.

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