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Senadores bajan tope para concesiones ferroviarias, fijan un máximo de 35 años

Por Gabriel Xantomila / El Sol de México

Las concesiones ferroviarias que actualmente son de 50 años, en el futuro se otorgaran por 35 años para construir, operar y explotar ese sector; y las empresas que violen las reformas a la Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario que aprobó el Pleno del Senado, pagarán multas superiores a los 20 millones de pesos.

El proyecto pretende que se ofrezca un servicio de transporte de carga ferroviario en condiciones satisfactorias de calidad, eficiencia, competitividad, seguridad, permanencia, uniformidad y equidad.

Se establece que los concesionarios y permisionarios estarán impedidos a negar el servicio público de transporte ferroviario de carga a cualquier usuario que se los solicite, y le otorga a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario mayores herramientas en materia de vigilancia y competencia.

Dispone que este órgano será el encargado de publicar trimestralmente la información sobre el cumplimiento con los niveles de servicio, eficiencia operativa, administrativa y de atención a que los concesionarios están obligados.

En una adenda al proyecto, se estableció que los concesionarios y permisionarios cada dos años registrarán ante la Agencia las tarifas máximas aplicables a la prestación del servicio público de transporte ferroviario.

Respecto a las infracciones, se determinó que la Agencia aplique una multa de 112 mil a 224 mil veces la Unidad de Medida y Actualización a quienes presten el servicio público, sin la concesión respectiva.

El dictamen, avalado con 90 votos y 25 en contra, destaca que el esquema actual de concesiones generó barreras de entrada y falta de competencia, pues sólo unas cuantas empresas tienen un poder de mercado suficiente para hacer valer su peso frente a los competidores.

Actualmente el 95% de la industria ferroviaria descansa en un consorcio y una empresa, lo que, en otros sectores económicos, diferentes a los relacionados a concesiones, implicaría la existencia de duopolios en el mercado nacional.

Los ferrocarriles no presentan condiciones de competencia efectiva por lo que, en ausencia de una adecuada regulación, los concesionarios aprovechan su posición de mercado para fijar las tarifas y otras condiciones del servicio de manera unilateral, y obtener ganancias extra normales.

De ahí que el proyecto actualiza el marco legal vigente que establece las bases para realizar una regulación tarifaria y fijar precios del servicio público de transporte ferroviario cuando no existan condiciones de competencia efectiva.

También plantea procedimientos para establecer medidas que restauren las condiciones de competencia en aquellas rutas o trayectos en que la Comisión Federal de Competencia Económica haya determinado una ausencia de condiciones de competencia efectiva.

Acusan que reformas detendrán la modernización de la industria

La Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) externó su preocupación por los cambios aprobados al Servicio Ferroviario, pues considera que “daña la certeza jurídica, afecta severamente las inversiones realizadas en el sector e inhibe nuevas, con un fuerte impacto negativo para la modernización de la industria y con ello, para la economía de México”.

En posicionamiento público, la AMF señaló que las modificaciones, avaladas por el Senado de la República este jueves, vulneran derechos adquiridos y contraviene la Constitución con “efectos expropiatorios, ya que se modificó el tiempo de la renovación de las concesiones ferroviarias de 50 a 35 años.

De acuerdo con la motivación de las reformas a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario se pretende que se ofrezca un servicio de transporte de carga ferroviario en condiciones satisfactorias de calidad, eficiencia, competitividad, seguridad, permanencia, uniformidad y equidad.

Los ferrocarrileros adviertieron que se cancela arbitrariamente la libertad para fijar tarifas, limitando su registro a cada dos años, previa “opinión de conveniencia” que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) emitiría de manera discrecional.

“Ello transgrede el Estado de Derecho, invade facultades de la autoridad competente de acuerdo con la Constitución e ignora el hecho de que actualmente las tarifas del transporte ferroviario mexicano se ubican entre las más competitivas a nivel mundial”, aseveró la AMF.

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