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Segob denunciará filtración de militares coludidos con sicarios en Caso Ayotzinapa

El Sol de México

La Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Derechos humanos, población y migración que preside Alejandro Encinas, presentará una denuncia penal contra el o los funcionarios que filtraron información sobre un vínculo de militares en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En un comunicado publicado en el sitio de Encinas, indican se procederá conforme a la ley luego de que el periódico Reforma revelara citando la declaración de un testigo que militares participaron en una operación conjunta con policías y sicarios para detener a los estudiantes.

La filtración dice que los militares también participaron en la detención de otras 30 personas en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, en el estado de Guerrero, donde después los entregaron a un cártel para su desaparición.

“Derivado de estos hechos, se presentará una denuncia penal ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General de la República”.

«Este tipo de filtraciones buscan demeritar los trabajos desarrollados en la investigación del caso Ayotzinapa; la credibilidad de las instituciones que participan en ésta, y ponen en riesgo la verdad sobre lo acontecido la noche del 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala», indicó el comunicado adyacente a la Segob.

El documento del testimonio, perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), se publicó en Reforma y es similar al que había revelado la revista Proceso en julio pasado.

EJÉRCITO PROMETE COLABORAR EN EL CASO

El jefe del Ejército mexicano, Luis Cresencio Sandoval, prometió este miércoles colaborar con las autoridades tras nuevas filtraciones de un testigo protegido que asegura que hubo militares involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

«En todo lo que está presentándose de Ayotzinapa damos la información, tenemos la obligación de hacerlo así. Nuestra jurisdicción militar, cuando llega a detectar algún delito que se vincula con el orden común, el orden federal, pasa la información», afirmó el secretario de la Defensa Nacional.

El testimonio de este último testigo protegido ha impactado el caso porque involucra de forma directa a soldados.

El jefe del Ejército reconoció la existencia de señalamientos, pero argumentó que las Fuerzas Armadas «no investigan ese tipo de delitos» porque su jurisdicción es militar y no abarca crímenes del fuero común o federal.

«Son las autoridades correspondientes a las que le toca atender este tipo de delitos quienes investigan y nosotros somos quienes proporcionamos las facilidades para que puedan desarrollar su trabajo», sostuvo Sandoval.

El caso cobra relevancia porque la FGR exoneró la semana pasada a Salvador Cienfuegos, jefe del Ejército en el sexenio pasado, de las acusaciones de narcotráfico de las autoridades de Estados Unidos, que lo arrestaron en Los Ángeles el 15 de octubre y lo entregaron a México un mes después.

La inacción de la FGR ha indignado a activistas y familiares de Ayotzinapa, quienes acusan a Cienfuegos de tener responsabilidad en el caso Ayotzinapa, que ha prometido resolver el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Junto al mandatario, Sandoval rechazó una afectación al prestigio de las Fuerzas Armadas.

«Esos errores de forma particular creo que no dañan la imagen de una institución que ha sido muy representativa del Estado mexicano», afirmó el secretario.

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