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SCJN reedita debate por máxima publicidad en Ley 3de3

Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciaron la discusión sobre la inconstitucionalidad contra la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3, donde tres partidos políticos señalan que dicha ley viola los principios de transparencia para combatir efectivamente corrupción.

El ministro José Ramón Cossío, encargado de elaborar el proyecto, se pronunció por validar los artículos 29, 34, párrafo tercero y 48, párrafo primero de dicha Ley, que señala que los funcionarios puedan mantener en reserva su declaración y que fueron impugnados por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, al considerar que las declaraciones fiscal, patrimonial y de interés de los servidores, deben ser completamente públicas y obligatorias.

En sesión de ayer, el ministro Fernando Franco González detalló a sus compañeros que no toda la información personal de los servidores públicos es necesaria, ya que hay información que puede poner en peligro la vida o la integridad del funcionario y ninguna justificación o prueba de interés público puede superar un riesgo de este tipo.

El ministro expuso tres razones por las que se debe validar el artículo 29. Primera; que la información en las declaraciones de los servidores públicos es de naturaleza pública y debe encontrarse sujeta al principio de máxima publicidad.

Segunda, que el umbral de protección de los datos personales y la vida privada de los servidores públicos, es menor que el de los particulares atendiendo al interés público en el contenido de esta información y a la finalidad de evitar conductas irregulares e internalizar los incentivos para no realizarlas.

Y tercera, que aun en este contexto de máxima publicidad y menor umbral de protección, los servidores públicos cuentan con protección de datos personales y de la vida privada, y que esta protección se referirá al posible riesgo a su vida e integridad personal, así como aquellos datos personales que quedan fuera de las finalidades del Sistema Nacional Anticorrupción.

En la sesión, los ministros Norma Lucia Piña Hernández y Javier Laynez Potisek coincidieron en señalar que la demanda trae un argumento contradictorio, “porque en un primer agravio se dice: debe ser pública en términos absolutos, pero en este segundo agravio se señala que hay una omisión legislativa porque no se respeta el principio de reserva de ley, y que, por lo tanto, en ley tienen que estar los elementos de la salvaguarda”.

A ello, se sumó el ministro Franco González al indicar que se debe ser cuidadoso en cuanto lo que debe o no hacerse público conforme al nuevo modelo que se ha escogido. Empero, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz consideró que de aceptarse la propuesta del proyecto, se podría dejar en indefensión a los servidores públicos y a las personas en general, pues al esconderse la verdadera naturaleza normativa de las facultades del Comité de Coordinación, para hacerlas pasar como facultades mecánicas de ejecución sin implicar discreción, se podría blindar de control jurídico a estos formatos por no conformar fuente jurídica. Postura que fue apoyada por la ministra Margarita Luna Ramos, y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

En su oportunidad, el ministro Arturo Zaldívar, señaló que se debe lograr el equilibrio adecuado, entre la máxima publicidad de las declaraciones patrimoniales con la reserva a esos datos que pueden poner en peligro la integridad física, la vida privada y los datos personales de los servidores públicos que también obviamente somos titulares de derechos humanos.

Hoy la Corte seguirá con la discusión de acción de inconstitucionalidad, impulsada por legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano para someter a revisión la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, con la excepción de los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
Es de recordar que en agosto del año pasado, diputados federal del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), presentaron la acción de inconstitucionalidad al artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que las declaraciones fiscal, patrimonial y de interés (3de3) de los servidores sean completamente públicas y obligatorias.

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