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Propone Morena la revocación de mandato

Rafael Ramírez y Gabriela Jiménez

Con la presentación de la iniciativa de la revocación del mandato presidencial y la eliminación de candados para la consulta popular en la Cámara de Diputados avanzan cinco de las 12 prioridades legislativas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en el Congreso de la Unión.

Ya se han presentado las modificaciones a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la reforma al artículo 108 para juzgar al presidente por delitos de corrupción y la Ley de Austeridad, el establecimiento de la corrupción como delito grave.

El proyecto de ley presentado por el Grupo Parlamentario de Morena y que fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales durante la sesión ordinaria, propone que se consulte a los ciudadanos a mitad del sexenio la renuncia del titular del Ejecutivo Federal.

Las votaciones de revocación de mandato se realizarán a solicitud de los ciudadanos, el propio presidente de la República y los integrantes del Congreso de la Unión y se llevarán a cabo durante el periodo de elecciones a diputados federales, según suscribe el documento presentado por la diputada Merary Villegas.

Para que proceda, el 33 por ciento mínimo de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, equivalente al número de votos obtenidos durante las elecciones presidenciales.

Para que la revocación del mandato sea válida, la votación deberá ser absoluta y contar con una participación ciudadana del 40%. El titular del Ejecutivo Federal tendrá 30 días para impugnar los resultados y de no haber impugnación, en 60 días tendrá que abandonar el cargo.

La iniciativa también promueve la realización de consultas populares referentes a proyectos nacionales, programas sociales y políticas públicas una vez al año el primer domingo de julio.

Por otro lado, el diputado Pablo Gómez envío una iniciativa para crear Comisiones Investigadoras, para que los servidores públicos involucrados en actos de corrupción comparezcan ante el Poder Legislativo y presenten contratos, cuentas bancarias, fideicomisos y otros documentos de ejercicio público, a fin de contribuir a las averiguaciones por supuestos actos ilícitos en la Administración Pública Federal.

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