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Promulga gobernador de Texas ley que prohíbe ciudades santuario

El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó hoy la controversial ley antiinmigrante SB 4 que prohíbe las denominadas ciudades santuario y autoriza a policías locales a preguntar sobre el estatus migratorio a toda persona que haya sido detenida por cualquier motivo.

“Los texanos esperan que mantengamos a la gente segura y eso es exactamente lo que vamos a hacer al firmar esta ley”, dijo Abbott antes de firmar la legislación esta tarde.

Abbott, quien presentó la prohibición de las ciudades santuario como un asunto de emergencia que debía recibir consideración expedita, firmó la iniciativa cuatro días después de que fue aprobada por ambas cámaras de la Legislatura Estatal.

Las “ciudades santuario” impiden a sus policías y autoridades indagar a las personas sobre su estatus migratorio o reportar indocumentados a las autoridades de inmigración.

La legislatura texana intentaba prohibir las ciudades santuario desde 2011 sin éxito, por lo que la aprobación y promulgación del estatuto es un fuerte victoria para el gobernador Abbott y para el Partido Republicano.

“Como gobernador, mi máxima prioridad es la seguridad pública, y este proyecto de ley promueve ese objetivo al mantener criminales peligrosos fuera de nuestras calles”, dijo Abbott.

“Es inexcusable liberar a individuos de la cárcel que han sido acusados de crímenes atroces como agresión sexual contra menores, violencia doméstica y robo. Hay consecuencias mortales a no hacer cumplir la ley, y Texas se ha convertido en un estado donde esas prácticas no son toleradas”, indicó.

Grupos proinmigrantes que se oponen a la legislación, han amenazado con acudir a las Cortes para frenar su aplicación al considerarla anticonstitucional.

La ley SB 4, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de septiembre, tiene como objetivo prohibir que los gobiernos locales adopten políticas consideradas santuario para los inmigrantes indocumentados, al impedirles el negarse a acatar las leyes de inmigración.

Bajo la nueva ley, los gobiernos locales y los departamentos de policía que se nieguen a acatar las leyes de inmigración podrían dejar de recibir millones de dólares en fondos públicos y enfrentar multas y otras sanciones.

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