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PGR busca evitar la fuga de Javier Duarte

Manrique Gandaria

La Procuraduría General de la República (PGR)argumentará mañana las 82 pruebas presentadas con las que busca que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se mantenga en prisión y evitar así que el juez ordene enfrentar el juicio en libertad.

Entre los 82 datos de prueba exhibidos por la PGR estarán el testimonio de José Juan Janeiro Rodríguez, principal cerebro financiero de Duarte de Ochoa, y quien se acogió al criterio de oportunidad para colaborar con la dependencia en las investigaciones que se le siguen.

Janeiro Rodríguez declaró que Duarte contrató sus servicios para tratar de resolver un problema de comprobación contable por 350 millones de pesos del erario cuando éste era gobernador.

La PGR busca sustentar las acusaciones contra el exgobernador y evitar que se le caiga el caso como el de Elba Esther Gordillo, el de los 43 normalistas desaparecidos, el exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, los prestanombres de Tomás Yarrington, entre otros.

Duarte de Ochoa es juzgado por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hubo una reconfiguración del delito que se le acusaba; originalmente era por delincuencia organizada, pero el Ministerio Público no pudo acreditar esta línea.

Pedro Guevara Pérez, fiscal de la PGR y director general de Procesos de Amparo de Delitos Federales de esta dependencia, lidera el equipo legal que estará presente en la audiencia, donde el juez evaluará si ordena la libertad bajo fianza de Duarte.

Entre las pruebas que se presentarán también está la declaración de Xóchitl Tress, exdirectora de Espacios Educativos en la administración de Javier Duarte, quien señala que recibió millones de pesos para adquirir propiedades a través de una empresa, la cual pertenece a la presunta red de compañías fantasma, vinculada con el desvío de recursos públicos en el estado y el financiamiento electoral ilegal a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la lista contenida en el expediente está una de 33 empresas fantasma que recibieron contratos millonarios en el estado de Veracruz, a través de las cuales se desviaron mil 670 millones de pesos, con el propósito de perder el rastro del dinero y destinarlo a los prestanombres del exmandatario, Moisés Mansur y Alfonso Ortega.

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