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Para ganar más que AMLO, se amparan 5 mil funcionarios

Por Manrique Gandaria / El Sol de México

Consejeros electorales, entre ellos Lorenzo
Córdova y Benito Nacif, jueces, magistrados, trabajadores del Banco de México y
hasta de la Secretaría de Gobernación, entre otras dependencias, han presentado
cinco mil 165 amparos contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores
Públicos (LFRSP) que les impide ganar más de 108 mil pesos mensuales que
percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los amparos buscan revertir el tope salarial que
propone Presidencia de la República, el cual sería obligatorio no sólo para los
funcionarios dependientes del Ejecutivo federal, sino también a organismos
autónomos y descentralizados como la Comisión Federal de Competencia Económica,
la Fiscalía General de la República, el Instituto Politécnico Nacional, la
Comisión Federal de Electricidad, el Servicio de Administración Tributaria, del
Instituto Federal de Telecomunicaciones, el ISSSTE, el Instituto Nacional de
Antropología e Historia o el Conacyt, cuyos trabajadores también han presentado
amparos.

En la propuesta presidencial, se estabelcerán
criterios para que cada depedencia tenga su propio tabulador donde especifique
las responsabilidades de cada funcionario, y a partir de eso, determinar su
sueldo mensual.

En mayo pasado, el pleno de la Suprema Corte
ordenó al Congreso de la Unión aclarar en la LFRSP los parámetros para fijar el
sueldo presidencial, que serviría como tope para definir los ingresos del resto
de los funcionarios públicos.

Los amparos fueron promovidos en contra de la ley
tanto de su texto original de noviembre pasado como del reformado que se
publicó el 19 de abril.

El 4 de diciembre de 2018, el máximo tribunal
ordenó que todos los amparos fueran aplazados en tanto resolvía las primeras
controversias sobre el asunto, lo que ocurrió hasta mayo siguiente.

En la revisión, los ministros acotaron que si
bien es constitucional que se establezca que ningún servidor público puede
ganar más que el Ejecutivo federal, la norma de remuneraciones carecía de
parámetros para fijar esta percepción.

Es decir, no explica los elementos, métodos o
procedimientos para respetar esa proporcionalidad, la cual se orienta en los
grados de responsabilidad, pues entre mayor es ésta el salario deberá
incrementarse proporcionalmente.

Por ello, la Suprema Corte ordenó al Congreso de
la Unión aclarar en la LFRSP los parámetros para fijar el sueldo presidencial,
que serviría como tope para definir los ingresos del resto de los funcionarios
públicos.

En mayo pasado, el Consejo de la Judicatura
Federal (CJF) ordenó concentrar todas las suspensiones derivadas de la
“discusión, aprobación, expedición y publicación de la Ley Federal de
Remuneraciones” en los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro
Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México.

Con el acuerdo, el Consejo de la Judicatura busca
que ambos juzgados federales, “alivien la carga de trabajo” a los jueces en
donde se originen los amparos y emitan sentencias más rápidas.

Refiere que las personas que interpongan un
juicio de amparo, podrán dar seguimiento a sus trámites, como “la consulta del
expediente electrónico en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de
la Federación”.

En el análisis de la impugnación de dicha ley, la
Corte concluyó que el Congreso de la Unión deberá legislar sobre el parámetro
con el que se establece el salario del presidente, debido a que es un tema
complicado y delicado, ya que implican recursos públicos.

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