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Mientras los gobernadores nombren a sus cuates en seguridad pública, seguiremos igual: Gil Zuarth

Gil Zuarth

Jaime Contreras / El Sol de México

Contundente, sin dudas, Roberto Gil Zuarth le revira al PRI y al Ejecutivo su planteamiento en torno al Mando Único Policial: si el argumento es que a mayor concentración, más confiable serán las policías en México, “entonces la solución de esquina sería como en Chile, Colombia o España, es decir, una Policía Nacional”.

Pero eso sería tanto -alerta- como mantener alejados a los cuerpos policiacos mexicanos de la realidad del país, de los propios ayuntamientos, de la sociedad, y por lo mismo, el presidente del Senado de la República de inmediato espeta: “nadie en su sano juicio llegaría a esa conclusión”.

En charla con El Sol de México, el responsable de la Cámara Alta, la de origen y donde se centrará el debate legislativo sobre el MUP, les recalca a los exégetas de la iniciativa presidencial que “mientras las policías sean mal pagadas, no tengan armamento, mientras el policía no tenga horizonte de vida, los mandos no estén certificados, y el presidente municipal o el gobernador pueda poner a su cuate como secretario de Seguridad Pública; mientras no haya un sistema nacional que nos permita depurar a los policías, que permita certificar a los policías, y no haya mecanismos institucionalizados para suplir a los órdenes de gobierno que no pueden con la chamba o no quieren hacerla. Mientras eso no exista, vamos a seguir teniendo exactamente los mismos problemas”.

Por el contrario, recalca el abogado de profesión, lo único que queda claro en nuestro país es que cuando se invierte en policías, se les certifican, tanto a las corporaciones como a los elementos, se les redignifica en términos de salarios y prestaciones, se aplican los controles de confianza; “cuando hay evaluación interna y externa al desempeño de las policías, participación de la comunidad en el diseño de las política de prevención, cuando la comunidad opina incluso hacia dónde llevar a la policía, dónde retirarla, cuáles son las prioridades de seguridad, cuando funcionan con confiabilidad los ministerios públicos, la procuración de justicia y cuando hay un compromiso de los poderes Ejecutivo y Judicial en la aplicación de las sanciones vía la justicia penal. Cuando eso pasa, las cosas salen bien.

Así de sencillo, sostiene. Aunque hace ver entonces que en lo que sí está de acuerdo tanto su bancada como la mayoría de los grupos parlamentarios es que se tiene que avanzar en este rubro y hacerlo con celeridad tomando en cuenta que el actual periodo ordinario es más corto que “lo normal” –ocho sesiones es lo proyectado originalmente aunque se pueden extender algunas más, dice- y que éste se verá influenciado, sin duda, por las elecciones tan cercanas.

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