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México está entre los más corruptos de AL

Por Alejandro Jiménez / El Sol de México

México retrocedió tres lugares en el Índice
Global de Estado de Derecho 2020 de la organización World Justice Project, para
ubicarse en el puesto 104 de 128 países de este estudio, el más reconocido a
nivel mundial en el tema de legalidad.

La caída de nuestro país en el ranking global fue
por la caída de 2.8 por ciento en su puntuación promedio, al pasar de 0.45 a
0.44, en una escala que oscila entre cero y uno, donde uno indica mayor
adherencia al Estado de Derecho.

Se destaca que por primera vez desde que se
elabora este informe Estados Unidos quedó fuera del top 20, por bajar en todos
sus indicadores de Estado de Derecho con el gobierno de Donald Trump. Mientras
que Etiopía y Malasia son los casos de mejor avance en esta materia.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso El
Sol de México y que será dado a conocer hoy en todo el mundo, la corrupción
(0.27), la seguridad (0.53) y la justicia penal (0.30) son las áreas que
requieren mayor atención en México.

En el caso específico de los factores de
corrupción, orden y seguridad mexicanos, estos ocupan los lugares más bajos en
América Latina y el mundo.

“La corrupción, seguridad y justicia penal son
áreas que requieren mayor atención en México. Se registró un deterioro
estadísticamente significativo en el factor que mide orden y seguridad.”,
explicó el WJP.

En cambio, el rubro mejor calificado es gobierno
abierto, donde México ocupa a nivel mundial el lugar 36 de 128 países, y a
nivel latinoamericano el lugar siete de 30, por haber mejorado en apertura del
gobierno a proporcionar información, respeto al derecho a la información y
participación cívica.

El Índice de Estado de Derecho del WJP es la
principal fuente de datos originales sobre el Estado de Derecho en el mundo. El
Índice se basa en encuestas en más de 130 mil hogares y a más de cuatro mil
especialistas en 128 países, y mide la percepción y la experiencia de la
población general con el Estado de Derecho en situaciones prácticas y
cotidianas.

Los tres primeros lugares en el Índice Global son
Dinamarca, Noruega y Finlandia; los últimos tres son República Democrática del
Congo, Camboya y Venezuela, los mismos que en la edición de 2019 del Índice.

Pero el WJP no es optimista porque por tercer año
consecutivo más países disminuyeron sus puntajes de los que los aumentaron en
el Índice de Estado de Derecho, reflejando un debilitamiento y estancamiento
sostenidos del Estado de Derecho a nivel global. Esto confirma una tendencia a
la baja. Los cambios fueron particularmente pronunciados en el factor Límites
al Poder Gubernamental.

“El Estado de Derecho no es solamente un ámbito
de abogados y jueces”, señaló William H. Neukom, fundador y CEO del WJP. “Es el
sustento de comunidades de igualdad, oportunidades y paz. El Estado de Derecho
es un tema que nos involucra a todos, y todos tenemos un rol en fortalecerlo.
La edición 2020 del Índice subraya que todos tenemos trabajo por hacer en este
tema.”

A nivel mundial, los niveles más altos de
disminución en el último año se observaron en las áreas de Derechos
Fundamentales (54 rechazados, 29 mejorados), Restricciones sobre los poderes
del gobierno (52 rechazados, 28 mejorados) y Ausencia de corrupción (51
rechazados, 26 mejorado).

Con respecto a la región de América Latina y el
Caribe, México se encuentra en el lugar 26 de 30 países en y en la posición 39
de 42 entre los países de ingreso mediano alto. En la región, Uruguay, Costa
Rica y Chile son los países mejor calificados.

Sobre el reporte 2020, los países con mayores
avances en Estado de Derecho son Etiopía (con un aumento de 5.6 por ciento,
impulsado principalmente por avances en los factores que evalúan Límites al
Poder Gubernamental y Derechos Fundamentales) y Malasia (5.1 por ciento,
principalmente por avances en Límites al Poder Gubernamental, Derechos
Fundamentales, y Cumplimiento Regulatorio).

La mayor caída del Estado de Derecho se observó
en Camerún (con una disminución de 4.4 por ciento, provocada principalmente por
el descenso de puntajes en los factores que evalúan el Orden y la Seguridad y
los Derechos Fundamentales) e Irán (con una caída de 4.2 por ciento, causada en
mayor medida por la disminución de los puntajes en Justicia Penal).

En los últimos cinco años, los países que
experimentaron la mayor caída anual promedio en Estado de Derecho fueron Egipto
(4.6 por ciento menos), Venezuela, RB (3.9 por ciento), Camboya (3.0 por
ciento), Filipinas (2.5 por ciento), Camerún (2.4 por ciento), Hungría (2.1 por
ciento), y Bosnia y Herzegovina (2.1 por ciento).

La mayor caída de un factor en los últimos cinco
años fue el puntaje de Egipto y Polonia en Límites al Poder Gubernamental, con
una disminución promedio anual de 8.5 por ciento y 6.8 por ciento,
respectivamente.

El Índice se conforma por encuestas nacionales
con muestras representativas de cada país, más entrevistas a expertos en
diversos temas vinculados al Estado de Derecho, datos que son procesados por un
grupo de analistas que agrupa los resultados en ocho factores y 40 sub
factores, de donde salen los números finales.

Las encuestas a la ciudadanía en general se
realizaron a finales del año 2018 y las consultas a expertos se consolidaron
durante el segundo semestre de 2019. El informe al final se conforma, dice la
institución, tanto por opiniones como por experiencias.

El informe advierte que estas mediciones abarcan
opiniones nacionales para poder hacerlas comparables país a país, por lo que
aquí no hay desglose específico por estados de la República o provincias, ni
explicaciones puntuales de las razones por las cuales tanto los encuestados
como los expertos opinaron en un sentido u otro.

El WJP sólo elabora un informe desglosado de país
al año, y es el correspondiente a México, que fue dado a conocer también por
los diarios de la Organización Editorial Mexicana el pasado 13 de febrero, en
el que se advertía que el aumento en el último año de la violencia, la
incidencia criminal y la corrupción en las entidades de la República fueron los
factores principales del debilitamiento del Estado de derecho en México.

En ese reporte, todas las entidades del país
quedaban a deber en el cumplimiento de la ley, el acceso a la procuración de la
justicia o el combate a la corrupción, incluso, desde la oficina misma de los
gobernadores. Yucatán fue la entidad mejor evaluada, contra Guerrero, que quedó
al último.

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