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Menor con discapacidad cruza la frontera de EU, pero luego desaparece

El 24 de agosto, después de esperar cinco meses en la violenta ciudad fronteriza de Ciudad Juárez para una audiencia de asilo en Estados Unidos, Elida, una migrante guatemalteca, decidió enviar a su hijo Gustavo de 12 años, con discapacidad, a Estados Unidos solo.

Elida temía por la seguridad de Gustavo en México, luego de que un extraño intentó quitárselo, dijo. Otros migrantes le habían dicho que, como niño no acompañado, Gustavo sería detenido por agentes de inmigración de Estados Unidos y luego entregado a su abuelo, que vive en Carolina del Sur.

Lo llevó a un parque cerca del puente que conecta a Ciudad Juárez con la ciudad texana de El Paso, le dio su certificado de nacimiento, le metió en la ropa, trozos de papeles con los números de teléfono de su familia, se despidió de él y lo vio caminar hacia Estados Unidos.

La familia de Gustavo cuenta que el mismo día su abuelo recibió una llamada con lo que pensaron era una buena noticia: el niño estaba en Estados Unidos y las autoridades querían la dirección de la familia.

Pero en ese momento, Gustavo desapareció. No hubo más noticias sobre su paradero.

Elida, de 44 años, quien pidió ser identificada solo por su primer nombre por razones de seguridad, ya estaba atormentada por la culpa, porque sentía que había abandonado a su hijo. Ahora, estaba presa del pánico.

No se enteró de su paradero durante casi una semana, hasta que un blog de noticias guatemalteco publicó en Facebook que Gustavo estaba bajo la custodia del gobierno de Guatemala y que los funcionarios estaban tratando de localizar a sus padres.

La historia de cómo Gustavo desapareció y luego reapareció en Guatemala es emblemática de lo que, según los activistas de los derechos de inmigración de Estados Unidos, es un nuevo sistema opaco y caótico que el Gobierno del presidente Donald Trump ha implementado para expulsar a los migrantes, incluidos los niños no acompañados, durante la pandemia.

En virtud de una orden sanitaria de emergencia emitida en marzo, que la administración Trump dice es necesaria para detener la propagación del coronavirus, Estados Unidos ha expulsado a miles de niños menores de 18 años no acompañados sin darles la oportunidad de solicitar asilo, pasando por alto protecciones de larga data de las leyes estadounidenses.

En junio, las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indican que se había expulsado a unos dos mil menores. Los números más recientes no están disponibles.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que está demandando al gobierno por las expulsiones, ha dicho que la orden va más allá de cualquier cosa que haya hecho la administración Trump para restringir el acceso al asilo, dejando «casi ninguna vía abierta para buscar protección».

El servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se negó a dar información sobre las circunstancias del caso de Gustavo. El ICE solicitó que Elida firmara exenciones de privacidad para permitir que la agencia hable sobre su caso y el de su hijo. Después de entregar las preguntas, las remitieron al CBP, que se negó a comentar sobre los detalles del caso.

Matthew Dyman, un portavoz del CBP, dijo que la orden de emergencia se aplica a todos, «sin importar su discapacidad o edad».

Si bien los funcionarios estadounidenses mantienen su criterio, eximir a grupos de personas de la orden «frustra todo el propósito y pone a todos en riesgo», dijo Dyman en respuesta a preguntas de Reuters. Dyman dijo que proporcionar detalles sobre exenciones podría ser aprovechado por traficantes de personas.

Mientras se prepara para llevar a los niños a sus países de origen, el gobierno los ha estado manteniendo en hoteles durante días o, a veces, semanas con contratistas sin licencia para cuidarlos, según documentos judiciales.

Los abogados dicen que la información personal de los niños no se registra en los sistemas informáticos habituales, por lo que es casi imposible rastrearlos.

La organización sin fines de lucro Kids In Need of Defense (KIND) dijo que ha podido ayudar a unos 70 niños a través de un mosaico de abogados privados, familiares y defensores.

«Una gota en el vaso», dijo Jennifer Podkul, vicepresidenta de Política y Defensa de KIND.

La organización dijo que tenía conocimiento de algunos niños centroamericanos que habían sido devueltos solos al otro lado de la frontera de México, y otros que habían sido enviados a sus países de origen sin el conocimiento de sus padres. Dijeron que también han recibido frenéticas llamadas telefónicas de padres que buscan a sus hijos.

La ley estadounidense ha sostenido durante mucho tiempo que los niños necesitan protección adicional contra la trata y la explotación. Antes de la orden de marzo, los niños no acompañados eran trasladados rápidamente a hogares de acogida a corto plazo o a refugios supervisados por la Oficina Federal de reasentamiento de refugiados (ORR), hasta que pudieran ser entregados a padrinos aprobados, generalmente miembros de la familia.

La red de ORR está operando muy por debajo de su capacidad de 13 mil 600 camas financiadas por los contribuyentes. Al 3 de septiembre, albergaba a mil 39 niños. Unos 159 niños bajo custodia de ORR habían dado positivo por el coronavirus a esa fecha, dijo la agencia en un comunicado a Reuters.

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