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“Marquistas” a la cárcel por 9 mdp

Foto: Hugo Arciniega

Por Paulina Rosales / Diario de Querétaro

Las acusaciones que mantendrán al menos por 3 meses en prisión preventiva al ex secretario municipal de Gobierno, Manuel Velázquez Pegueros, así como Fernando Martínez Garza, son por un pago no justificado de 8 millones 937 mil 846 pesos.

Como parte de un estimado de 58 observaciones que emitió la Entidad Superior de Fiscalización del Estado Querétaro (ESFE) a las cuentas públicas del 2017 al municipio de Querétaro, destaca el caso de la entrega de dos contratos por más de 8 millones de pesos donde la autoridad municipal entregó un documento comprobatorio con indicios de auto falsificación.

De acuerdo con una de las observaciones emitida por la ESFE, se detectó el incumplimiento de servidores públicos en la suscripción de los contratos DACBS/547/17 y DACBS/376/17 por un pago injustificado de 8 millones 937 mil 846 pesos relacionados con la prestación de diversos servicios.

El contrato DACBS/376/17 se trató de una capacitación a la ciudadanía en materia de protección civil y que consistía en brindar este curso a 700 personas del 10 de julio del 2017 al 5 de agosto del mismo año. Por este servicio se pagaron 4 millones 146 mil 965 pesos.

De acuerdo con el acta de entrega recepción, los servicios se cumplieron el 14 de agosto del 2017, y en donde se señaló, que se tenía por recibidas las listas de asistencia de los registros de quienes recibieron estos cursos.

En tanto, el contrato DACBS/547/17 se firmó con el objetivo de dar un servicio integral de capacitación a la ciudadanía con RCP, solo con manos y desfibrilador automático en 150 eventos públicos en un plazo de 10 días, del 16 de septiembre del 2017 al 25 de septiembre de ese año.

Por este curso, se pagaron 4 millones 790 mil 881 pesos, servicios que se dieron por cumplidos el 26 de septiembre del 2017.

En el caso de los servicios de RCP, la ESFE detectó que, durante el proceso de fiscalización, se entregaron listas de asistentes que no señalan las fechas en las que se realizaron los cursos, además de que algunas no mostraban el nombre de los instructores.

Al respecto, la ESFE concluyó que al comparar características generales y morfológicas de algunos nombres y firmas escritas en las listas de asistencia a las capacitaciones, se identificó que presentaban “significativas similitudes” y, por lo tanto, procedían a un mismo origen gráfico. O sea que esa lista de asistentes presuntamente fue falsificada para justificar el pago millonario.

Asimismo, reveló que, en los procedimientos de contratación se efectuaron procedimientos de invitación restringida de manera indebida, y la ESFE concluyó que fueron invitadas empresas que no participaron bajo las mismas condiciones y ventajas.

Como parte de las observaciones que emitió la ESFE, relacionadas con estos contratos, se determinó que “no se tuvo la certeza que los servicios contratados” se realizaron y señala que “por error involuntario se proporcionó información incorrecta” relacionada con la ejecución de los servicios contratados.

De acuerdo con la ESFE, la autoridad municipal manifestó de manera reiterada que los documentos originales, relacionados con la prestación del servicio, se encontraban en poder del proveedor adjudicado; sin embargo, 29 días hábiles posteriores a haberse requerido, se entregaron dos carpetas de originales.

Sin embargo, la auditoría presumió que presentaban “indicios de una autofalsificación”.

DETENIDOS EXFUNCIONARIOS

Fue el pasado viernes 15 de mayo, cuando fueron detenidos los dos ex servidores públicos de la administración municipal Manuel Velázquez Pegueros y Fernando Martínez Garza, colaboradores del hoy diputado federal Marcos Aguilar Vega, del 2015 al 2018.

Esto a raíz de una denuncia que presentó la ESFE en agosto del 2019, y en donde reveló, que se realizó un pago a un particular para que brindará cursos de capacitación en materia de protección civil, sin embargo, no se pudo comprobar que la persona se dedicara a tal actividad o que haya impartido los cursos.

Este fin de semana, se realizó la audiencia inicial, y se dictó prisión preventiva como medida cautelar y se fijó un plazo de investigación de tres meses.

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