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La propuesta del PRI abre hoyo para dinero ilícito: INE

Alejandro Suárez / Alejandro Suárez

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) consideraron como un riesgo la propuesta del Partido Revolucionario Institucional de que para el año entrante todos los recursos de campañas electorales se vayan apoyar a los damnificados del sismo, pues eso implicaría que los partidos obtengan financiamiento privado, con lo cual podría llegar dinero ilícito. “Si no hay financiamiento público quiere decir que las campañas serán con puro financiamiento privado, eso en una economía tan desigual como la nuestra hay que reflexionarlo con mucho cuidado, sería privatizar las campañas”, dijo Ciro Murayama.

Para el consejero Jaime Rivera, que las campañas se privaticen significa abrir la posibilidad de que llegue dinero de actores que desequilibren el proceso electoral con fines hasta ilícitos, lo cual sería un verdadero problema democrático para nuestro país.

“Hay razones de fondo para que nuestro sistema de partidos prevalezca el financiamiento público, justamente es para evitar financiamientos de intereses privados o poderes fácticos legales o ilegales que podrían distorsionar la competencia democrática. Esto no impide que eventualmente puedan disminuirse los montos”, comentó Rivera. Tanto Murayama como Rivera coincidieron en que esa propuesta es improcedente, por más bien intencionada que sea, ya que la misma Constitución marca que la fecha límite para cambiar las reglas electorales es 90 días antes del inicio del proceso, cuando el actual proceso electoral comenzó el 8 de septiembre. “Hay que ver la iniciativa. La Constitución en su prohíbe la modificación de reglas 90 días antes del inicio del proceso electoral, el cual ya empezó”, dijo Murayama.

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) consideraron como un riesgo la propuesta del Partido Revolucionario Institucional de que para el año entrante todos los recursos de campañas electorales se vayan apoyar a los damnificados del sismo, pues eso implicaría que los partidos obtengan financiamiento privado, con lo cual podría llegar dinero ilícito. “Si no hay financiamiento público quiere decir que las campañas serán con puro financiamiento privado, eso en una economía tan desigual como la nuestra hay que reflexionarlo con mucho cuidado, sería privatizar las campañas”, dijo Ciro Murayama.

Para el consejero Jaime Rivera, que las campañas se privaticen significa abrir la posibilidad de que llegue dinero de actores que desequilibren el proceso electoral con fines hasta ilícitos, lo cual sería un verdadero problema democrático para nuestro país.

“Hay razones de fondo para que nuestro sistema de partidos prevalezca el financiamiento público, justamente es para evitar financiamientos de intereses privados o poderes fácticos legales o ilegales que podrían distorsionar la competencia democrática. Esto no impide que eventualmente puedan disminuirse los montos”, comentó Rivera. Tanto Murayama como Rivera coincidieron en que esa propuesta es improcedente, por más bien intencionada que sea, ya que la misma Constitución marca que la fecha límite para cambiar las reglas electorales es 90 días antes del inicio del proceso, cuando el actual proceso electoral comenzó el 8 de septiembre. “Hay que ver la iniciativa. La Constitución en su prohíbe la modificación de reglas 90 días antes del inicio del proceso electoral, el cual ya empezó”, dijo Murayama.

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