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Justicia llama al presidente Michel Temer deslindar sospechas de corrupción

El presidente brasileño, Michel Temer, deberá responder ante la Policía Federal por las sospechas de corrupción que pesan en su contra y ha llevado a vastos sectores de la política a exigir su renuncia, según decidió hoy el Supremo.

En un fallo dictado este martes, el magistrado Edson Fachin, que es responsable en la Corte Suprema por la investigación de la trama corrupta en la estatal Petrobras, autorizó a la Policía Federal a interrogar al mandatario.

El trámite será realizado en el marco de una investigación que tiene a Temer como sospechoso de haber incurrido en los delitos de corrupción, obstrucción a la justicia y asociación ilícita, algo que el mandatario ha negado a rajatabla desde que estalló el escándalo.

El mandatario no será obligado a presentarse en la policía ni tampoco a recibirla, sino que el interrogatorio podrá ser enviado por escrito y respondido de la misma forma por el presidente, quien en ese caso debería hacerlo en un plazo de 24 horas.

El tribunal no fijó una fecha para ese interrogatorio, que estará centrado sobre todo en unos explosivos audios entregados al tribunal por Joesley Batista, dueño de la empresa JBS y quien ha firmado un acuerdo de cooperación sobre asuntos de corrupción.

Ese audio fue grabado por el propio Batista en una reunión que tuvo con Temer en la residencia oficial de la Presidencia, que ha sido admitida por el mandatario, aunque este niega que lo tratado pueda incriminarlo en algún hecho ilícito.

No obstante, en la conversación Batista relata diversas maniobras ilegales que realizaba en favor de su empresa tanto en el poder judicial como con algunos ministros, frente al silencio de Temer, que por momentos hasta llega a consentir con lo que escucha.

Batista y otros directivos de JBS, investigados en el marco de la trama corrupta que operó en la estatal Petrobras, también confesaron que sobornan al actual presidente desde 2010 a cambio de “favores” realizados desde el poder, y que en los últimos años financiaron en forma ilegal la actividad de 1.829 políticos de 28 partidos.

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