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Investigan suicidios en penal; no vigilan a reos

Foto: Hugo Camacho

Patricia López Núñez

La Defensoría Estatal de Derechos Humanos de Querétaro inició una queja de oficio en contra de la Dirección de Reinserción Social, a cargo de Miguel Angel Contreras, por casos de suicidio dentro del penal de San José El Alto y pidió los informes correspondientes, porque se trata de un problema de “falta de vigilancia” que suma “varios casos”, informó la presidenta de la Defensoría, Roxana de Jesús Ávalos Vázquez.

El organismo de derechos humanos emitió una recomendación hace tiempo al CERESO por esta misma causa, tiene dos expedientes más en proceso e investiga el último caso desde el viernes pasado por la “falta de vigilancia, se supone que estas personas deben estar vigiladas, estar cuidadas, en un momento determinado el hecho de que alguien se quite la vida en un lugar que está vigilado, algo está pasando”.

“¿Qué está pasando? Hay que revisar la situación de esto, no se trata de emitir diez recomendaciones, sino resolver el problema ahí adentro, hay que ver de qué se trata. La Comisión Nacional de Derechos Humanos viene de manera independiente (al CERESO) por cuestión de monitoreo, pero la Defensoría normalmente está dos o tres veces a la semana. Aquí lo importante es que si se están dando varios casos ya no es cuestión de una sola situación, sino que hay que ver qué está pasando adentro, en dónde está fallando el sistema para poner solución”, subrayó.

Ávalos Vázquez precisó que el último suicidio dentro del CERESO ocurrió en población abierta, pero el primero fue en diciembre de 2017 y hubo otro en mayo, hasta sumar cuatro con el que ocurrió hace unos días.

POLICIAS AMPLIARON SU QUEJA

Roxana Ávalos también dio a conocer que el viernes pasado los dos policías despedidos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro ratificaron sus quejas, uno por supuesta homofobia y otro por malos tratos.

A ambos se les citó en la Coordinación de Atención a la Víctima de la misma Defensoría Estatal, para las pruebas psicológicas que determinarán el grado de daño emocional que se les causó, pero estas no son contundentes en la determinación de si se emite o no una recomendación a la autoridad.

“Para emitir la resolución necesitamos allegarnos de todas las pruebas posibles, entre más completo esté el expediente hay más probabilidades de determinar la procedencia de la violación. El hecho de que no haya una afectación psicológica muy fuerte no quiere decir que no haya existido el hecho, la violación de derechos humanos”, aclaró.

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