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Inhabilitan un año y medio a presidente catalán por desobedecer

Un alto tribunal de Barcelona condenó este jueves
al presidente del gobierno regional catalán, el independentista Quim Torra, a
un año y medio de inhabilitación por desobediencia a la autoridad electoral
española, informó un comunicado judicial.

La sentencia no es de aplicación inmediata, pero
le costaría el cargo a Torra, condenado por resistirse a acatar la orden de
retirar símbolos separatistas de la sede del gobierno regional durante la
campaña de las elecciones legislativas de abril.

El presidente regional puede recurrir la decisión
al Tribunal Supremo de Madrid. Si este mantuviera la condena, Torra sería
destituido, provocando una crisis de gobierno o incluso un avance electoral en
esta región del noreste de España.

El caso fue juzgado el 18 de noviembre por el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la más alta instancia judicial de la
región, que en su sentencia subraya «la recalcitrante y reiterada actitud
desobediente» del presidente regional.

«El único objeto de debate en estos autos ha
sido, a la vista de lo analizado, la contundente, reiterada, contumaz y
obstinada resistencia del acusado a acatar un mandato investido de autoridad y
dictado conforme a la legalidad», afirman los magistrados.

Desde su llegada al cargo en mayo de 2018, Quim
Torra colocó en la sede del gobierno regional en Barcelona pancartas y símbolos
afines al independentismo, como unos lazos amarillos que los militantes del
movimiento utilizan para reclamar la libertad de sus dirigentes presos.

En marzo, la Junta Electoral Central ordenó la
retirada de los símbolos separatistas de los edificios de la administración
para garantizar la neutralidad de las instituciones ante los comicios
legislativos del 28 de abril.

El símbolo más llamativo era una pancarta en la
fachada de la sede del gobierno catalán, en Barcelona, donde se leía
«Libertad para los presos políticos y los exiliados», acompañada de
un lazo amarillo.

El dirigente regional ignoró dos veces el plazo
fijado por la autoridad electoral para retirar la pancarta y, antes de quitarla
por completo, probó de taparla con otra con el mismo mensaje y un lazo blanco.

«Sí, desobedecí. Pero es que era imposible
cumplir con una orden ilegal», reconoció en su juicio Torra, amparando su
conducta en el derecho a la libertad de expresión.

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