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Guatemala vive luto político

Una inédita lucha contra la corrupción en Guatemala culmina este martes, con el fin de una misión antimafias de la ONU que llegó a acusar a sectores considerados intocables y provocó la renuncia en 2015 del entonces presidente Otto Pérez.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de Naciones Unidas único en el mundo, termina su mandato tras 12 años de funcionamiento luego de que el presidente Jimmy Morales revirtiera su promesa de pedir una ampliación hasta 2021.

Morales, quien antes elogiaba el trabajo de la Cicig, la acusó de ser una amenaza a la paz y prohibió el regreso de su jefe, el exjuez Iván Velásquez, a quien declaró persona non grata y acusó de interferir en asuntos internos de Guatemala.

El presidente electo, Alejandro Giammattei, que debe asumir el poder el próximo enero, se negó a pedir la continuidad de la Cicig y en su lugar anunció la creación de una comisión anticorrupción desde el gobierno con apoyo internacional.

«Creo que dejaron buenas experiencias. Dejaron algunas que no eran tan buenas, pero sí nos dejaron algo y es la necesidad de luchar juntos por la reconstrucción de nuestras instituciones», declaró Giammattei este martes.

La salida de la Cicig provoca una situación de incertidumbre sobre la continuidad de investigaciones de alto impacto y el ataque a la raíz de la corrupción. Eleonora Muralles, presidenta de la asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), dijo que el fin de la Cicig responde a «presiones de los sectores oscuros», aludiendo a grupos de poder que se vieron amenazados por la misión.

«Se investigó a estos poderes que antes eran ocultos y ahora ya se desenmascararon, pertenecientes a élites económicas que aquí era prohibido tocarlos. Quieren revertir lo que se ha trabajado o que ya no salgan más casos», agregó la activista.

RETOS ANTICORRUPCIÓN

La Cicig llevó al banquillo a empresarios, militares, diputados, alcaldes y otros acusados de corrupción, incluyendo a la ex primera dama Sandra Torres, detenida y enviada a prisión el lunes por un caso de financiamiento electoral irregular.

Varias organizaciones sociales han emitido pronunciamientos para agradecer la labor de la misión. «El pueblo no olvidará», señalaba un colorido mural pintado en el edificio que fue sede de Cicig en Ciudad de Guatemala, que luego fue borrado.

Aunque empezó a funcionar en 2007 a petición del gobierno guatemalteco, fue en 2015 cuando la Cicig agitó el país al revelar un fraude en las aduanas que provocó la renuncia de Pérez, señalado como cabecilla de la estafa.

Su sucesor, Morales, llegó al poder enarbolando las banderas anticorrupción, pero en agosto de 2017 Velásquez y la entonces fiscal general Thelma Aldana pidieron retirar sus fueros al encontrar indicios de financiamiento electoral ilícito en su campaña.

Un año antes, una investigación de la fiscalía y la Cicig llevó al arresto de un hermano y un hijo de Morales por un contrato irregular de alimentos. Ambos fueron absueltos el mes pasado.

El presidente y los detractores de la Cicig insisten en que la misión formuló acusaciones sin fundamentos, violó la presunción de inocencia y fue selectiva en sus casos. Muralles agregó que la «Cicig buscó y encontró (…) negociaciones oscuras», e indicó que sectores empresariales del país «se aliaron» con Morales, «que por supuesto prefirió servir de alfombra y el país ya no le importó».

La Cicig «tocó el corazón de la impunidad y la corrupción» en «personajes que tienen un muy fuerte poder económico», dijo Álvaro Montenegro, del colectivo Alianza por las Reformas.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo en un mensaje que «confía en que los esfuerzos por combatir la impunidad continuarán» en el país.

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