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Gobierno propone más arraigos y capturas sin una orden judicial

Foto: Omar Flores

Por Jacob Sánchez y Rafael Ramírez / El Sol de
México

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca
ampliar la figura del arraigo, criticada internacionalmente, a cualquier
delito, eliminar como requisito la orden judicial para retener a las personas
en casos de “urgencia o flagrancia” hasta por 48 horas y aceptar como pruebas
el material obtenido ilegalmente.

El arraigo se aplicará por un máximo de 40 días,
pero en el caso de delincuencia organizada o corrupción este plazo se podrá
duplicar.

El planteamiento levantó ámpula entre las
organizaciones de la sociedad civil que consideran que las nuevas atribuciones
propuestas para el Ministerio Público violentarán las garantías individuales de
las personas y coinciden en que abre la puerta a detenciones arbitrarias que al
final afectarían el debido proceso. “Es populismo judicial”, argumentan.

Las reformas fueron presentadas en el Senado por
la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el Fiscal General de la
República, Alejandro Gertz Manero; y el consejero jurídico de la Presidencia,
Julio Scherer, pero serán discutidas cuando arranque el periodo ordinario de
sesiones, el 1 de febrero.

El paquete incluye fortalecer al fiscal general
de la República para que éste pueda comandar investigaciones de la Guardia
Nacional y realizar análisis de tipo financiero para perseguir operaciones con
recursos de procedencia ilícita, entre otras. También otorga autonomía
financiera a la Fiscalía General.

Además, la propuesta del Ejecutivo permitirá a
los jueces aceptar como pruebas las evidencias obtenidas de manera ilegal, como
las intervenciones telefónicas o documentos obtenidos mediante el hackeo.

“Los elementos probatorios o las pruebas
consideradas ilícitas por el medio en cómo fueron obtenidas, podrán en su caso
ser tomadas en consideración y valoradas por el juzgador de una causa cuando
exista respecto de éstas una atenuación en su vínculo de ilicitud, proviniere
de una fuente independiente o su descubrimiento hubiere sido inevitable”, se
lee.

La propuesta permite intervenir comunicaciones
telefónicas o electrónicas con autorización judicial para investigaciones
relacionadas con delitos fiscales y electorales, y faculta a las víctimas y
ofendidos para que soliciten a las autoridades realizar órdenes de cateo.

También se propone que en los delitos de
enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones relacionados con funcionarios
presuntamente corruptos, como los que enfrenta Rosario Robles, haya prisión
preventiva.

Sobre los menores recluidos, las reformas
planteadas, entre otros ordenamiento, a la Ley Nacional del Sistema Integral de
Justicia Penal para Adolescentes, establece que los infractores no podrán
deslindarse del cumplimiento de su sanción al cumplir la mayoría de edad, como
sucede ahora.

Por tratarse de reformas constitucionales, se
requiere el voto de la mayoría calificada, por lo que será indispensable el consenso
de al menos las dos terceras del Pleno.

El presidente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, dijo que todos los grupos
parlamentarios representados, titulares o representantes de estas dependencias,
así como un ejercicio de Parlamento Abierto a fin de manifestar “la voluntad
para analizar, para revisar, para lograr un proyecto de modificaciones amplio”,
en donde dijo también se solicitará la participación del Poder Judicial de la
Federación.

La Fundación Para la Justicia y el Estado
Democrático de Derecho y el Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia
y Legalidad, coinciden en que las medidas son una respuesta populista de las
autoridades a las demandas de justicia de la ciudadanía, pero que no atacan el
fenómeno de la delincuencia de raíz.

Susana Camacho, coordinadora general de la
fundación, consideró que este paquete de reformas “es a todas luces violatoria
de las garantías individuales” y no distingue la diferencia entre imputados y
víctimas, ya que, bajo el discurso de crear un sistema de justicia más
eficiente, “se eliminarían tanto derechos de posibles imputados, como derechos
de víctimas”.

La especialista recordó que fue un logro de
diversos colectivos conseguir que se tuviera acceso a expedientes, pero con las
reformas planteadas, se afectaría este derecho, y al mismo tiempo, se impedirá
a las victimas entender los procesos jurídicos. Debido a que la propuesta de la
fiscalía “se centra otra vez en armar expedientes en un mar de papeles, a los
que ni imputados ni victimas van a tener acceso”.

Sobre el tema de las detenciones sin orden
judicial, refirió que es muy grave, pero combinado con las otras reformas, lo
que está proponiendo el Gobierno “es anular el sistema de justicia tanto para
víctimas como imputados”, explicó.

Francisco Rivas Rodríguez, director general de la
organización Observatorio Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad,
consideró la propuesta como un retroceso en términos del respeto del derecho de
las personas y la impartición de justicia.

“Esto es conocido como populismo judicial, es
decir: el aumento de penas, tratar de vulnerar derechos, con el fin,
supuestamente para obtener resultados. Pero en realidad es regresar a lo que
teníamos antes y eso, era muy malo, y aparte de ser malo, era violatorio de los
derechos de las personas”.

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