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Gobernador encabeza instalación de la Comisión para evaluar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la entidad

El gobernador del estado Francisco Domínguez Servién encabezó la ceremonia de instalación de la Comisión para la consolidación y evaluación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del estado de Querétaro, la cual habrá de revisar y, en su caso, validar los indicadores entregados por la Secretaría de Gobierno, en cuanto a la operación del Sistema en su primer año.

Dicha comisión -en la cual el gobernador funge como presidente- se conforma por autoridades representantes de las instituciones de los tres poderes del estado, y órganos constitucionales autónomos como la Fiscalía General y la Defensoría de los Derechos Humanos.

El mandatario estatal destacó que el trabajo de la Comisión será perfeccionar la operación del Sistema, corregir fallas, superar desafíos e impulsar la coordinación como eje del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

El secretario de Gobierno Juan Martín Granados Torres Granados Torres dio a conocer que la Comisión deberá revisar 90 indicadores de modelos de gestión institucional, más otros 215 indicadores que miden la práctica concreta de los operadores.

Aseguró que a un año de la operación del modelo -cumplidos el pasado 30 de mayo- el reto es la consolidación y transparencia; y aseguró que en Querétaro sí hay justicia oral: “con la verdad sustentada en números y evidencia diversa podemos mostrar que hay debido proceso, juicio justo, atención a la víctima, defensa adecuada, medios alternativos de solución de conflictos y procuración de justicia eficiente”.

Subrayó que actualmente se atiende la carga de trabajo total con 46 personas menos, en comparación con el sistema tradicional; con seis juzgadores, organizados por dos unidades de gestión, quienes han tramitado 204 audiencias mensuales, 51 semanales, con un promedio de 7.2 audiencias al día.

Refirió que en el caso de atención a víctimas, fueron atendidas dos mil 716 personas en un tiempo promedio de 60 minutos en cada uno de los servicios de psicología, trabajo social y medicina; y solamente en el 7.5% de los casos se requirió canalizar a las diversas instancias del sistema estatal de protección a víctimas.

Destacó que la organización de la institución encargada de la procuración de justicia gira en torno de la persona, no del hecho delictivo.

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