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Evalúan adelantar comicios legislativos en Venezuela

La Asamblea Constituyente de Venezuela evaluará un posible adelanto de las elecciones al Parlamento -único poder controlado por la oposición-, como parte del «contraataque» del oficialismo tras el bloqueo económico de Estados Unidos.

El presidente del órgano, Diosdado Cabello, conformó una comisión que realizará «consultas a todos los organismos, al pueblo, a la calle» para decidir si es conveniente el anticipo y, llegado el caso, fijar una fecha. Los comicios están previstos para 2020.

«Si de esa consulta resulta que es el 1 de enero (de 2020), el 1 de enero haremos esas elecciones de la Asamblea Nacional. Si resulta que hay que hacer esas elecciones este año (…) se harán cuando diga esta consulta», indicó entre aplausos el número dos del chavismo.

La oposición ganó en diciembre de 2015 una mayoría calificada en el Parlamento para un período de cinco años, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, declaró al legislativo en desacato y sus decisiones son consideradas nulas.

El enfrentamiento entre el Legislativo y el gobierno llegó a su pico con la autoproclamación del jefe parlamentario Juan Guaidó como presidente interino, el pasado 23 de enero, tras considerar fraudulenta la elección que dio un segundo mandato a Nicolás Maduro en 2018.

Guaidó, reconocido como mandatario encargado por medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos, denunció el domingo que la sesión de la Constituyente buscaba disolver el Parlamento o adelantar las legislativas.

«¿Que si vamos a eliminar la Asamblea Nacional? ¿Cómo para qué?», respondió Cabello al abrir la reunión. «¿Que vamos a aplicar la ley a aquellos que violen nuestra Constitución y la ley? Sí, eso no necesita nada extraordinario».

INMUNIDAD ALLANADA

Cumpliendo esa amenaza, la Constituyente levantó la inmunidad a los diputados opositores José Guerra, Tomás Guanipa, Juan Pablo García y Rafael Guzmán por apoyar un fallido levantamiento militar liderado por Guaidó el 30 de abril.

Serán procesados penalmente por la «comisión flagrante» de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir y usurpación de funciones, entre otros cargos.

Su enjuiciamiento fue autorizado horas antes por el TSJ. Una medida similar pesa sobre 12 de congresistas que respaldaron públicamente la sublevación de un pequeño grupo de uniformados.

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