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España exhuma al dictador Francisco Franco 44 años después de su muerte

Cuarenta
y cuatro años después de su muerte, el dictador Francisco Franco fue exhumado del
monumental mausoleo donde estaba enterrado cerca de Madrid, una operación que
generó un debate político y reavivó viejas heridas sin sanar en España.

Adornado
con una corona funeraria con lazos con la bandera de España, el ataúd salió
poco antes de las 11 horas de la basílica excavada en la piedra en el Valle de
los Caídos en hombros de ocho miembros de su familia, mostraron imágenes en
vivo de la televisión estatal.

Los
familiares exclamaron «¡Viva España, viva Franco!» tras depositarlo
en un coche fúnebre que lo llevará hasta el helicóptero militar encargado de trasladarlo
al discreto cementerio de El Pardo-Mingorrubio, al norte de Madrid.

Allí,
en una cripta familiar junto a su esposa, Carmen Polo, será reinhumado el
general que dirigió España entre 1939 y 1975 tras su victoria en la Guerra
Civil (1936-1939). Una misa será oficiada por el sacerdote Ramón Tejero, hijo
de Antonio Tejero, el teniente coronel que lideró un fallido golpe de Estado en
1981.

Fuera
del cementerio, donde el gobierno prohibió manifestaciones, dos centenares de
nostálgicos lo esperaban al grito de «Viva Franco». «Franco
nunca morirá», dijo a la AFP el jubilado Miguel María Martínez.

Veintidós
miembros de la familia entre ellos Carmen Martínez-Bordiu, personaje muy
conocido de la farándula española, y Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Franco,
asistieron a la exhumación, que transcurrió sin incidentes. Por el gobierno
estuvo presente la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

El
ejecutivo socialista de Pedro Sánchez hizo de la exhumación una de sus
prioridades tras llegar al poder en junio de 2018, con el objetivo de que el
mausoleo, sin parangón en otro país de Europa Occidental, deje de ser un lugar
de exaltación del franquismo.

Sánchez
había prometido la exhumación para el verano de 2018. Pero se retrasó más de un
año por la batalla judicial lanzada por los siete nietos del dictador.

La
oposición, tanto de derecha como de izquierda, acusó al líder del Partido
Socialista de utilizar este traslado para conseguir réditos electorales a poco
más de dos semanas de los comicios del 10 de noviembre, a los que Sánchez llega
en una situación comprometida por la semana de disturbios violentos en
Cataluña.

Heridas sin sanar

La
exhumación ha hurgado en viejas heridas aún sin sanar desde la guerra civil y
el franquismo, en un país con más de 100 mil desaparecidos y nombres de pueblos
en honor del dictador.

Juan
Chicharro, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, denunció
«una guerra ideológica», y afirmó que seguirá luchando para que
Franco sea reinhumado en la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid,
una posibilidad negada por el Tribunal Supremo español.

La
«contradicción» en España, una democracia con cuarenta años y un
dictador ocupando un mausoleo en su homenaje, «con esta acción se
resuelve», se congratuló el historiador Nicolás Sánchez-Albornoz, preso en
su juventud en el Valle de los Caídos.

Encargada
por Franco en 1940, la construcción del complejo duró casi veinte años y en
ella participaron miles de presos políticos.

Al
lugar, coronado por una enorme cruz de 150 metros de altura, el ‘Caudillo’ hizo
trasladar en 1959, los cuerpos de más de 30.000 víctimas del conflicto, en
nombre de una pretendida «reconciliación» nacional.

Entre
ellos había combatientes del bando franquista pero también republicanos sacados
de cementerios y fosas comunes sin informar a sus familias.

Desde
su muerte en 1975, Franco estuvo en una tumba, siempre adornada con flores
frescas, a los pies del altar mayor de la basílica.

Controversia sobre la
«memoria histórica»

El
gobierno actuó basándose en una decisión de 2017 del Parlamento español
solicitando la exhumación de Franco, que entonces cayó en saco roto por la
oposición del ejecutivo conservador de Mariano Rajoy, del PP, cuyos diputados
se abstuvieron.

Desde
la adopción en 2007 por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
(PSOE) de una «Ley de memoria histórica», la derecha acusa a la
izquierda de querer reabrir las heridas del pasado.

Rajoy,
en el poder entre 2011 y 2018, presumía de no haber gastado un euro para
aplicar esta ley destinada a retirar los vestigios de la dictadura, identificar
decenas de miles de cadáveres todavía enterrados en fosas comunes y reparar la
memoria de los republicanos vencidos y condenados por el franquismo.

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