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En Francia, obligan a empresas a pagar por el cubrebocas

El gobierno francés, en un contexto de fuerte rebrote del coronavirus, ha decidido imponer el uso de la mascarilla en los centros de trabajo, salvo en contadas excepciones, como los espacios individuales, y que sean las empresas las que paguen ese equipamiento de protección personal a sus colaboradores.

«Hemos decidido sistematizar la mascarilla en los espacios cerrados colectivos» dado el riesgo de contagio del virus por aerosol (partículas que quedan suspendidas en el aire), explicó a la prensa el secretario de Estado de Salud en el Trabajo, Laurent Pietraszewski.

Eso incluye, entre otros aspectos, las oficinas compartidas -aunque se hayan instalado placas de plexiglás de separación-, las salas de reunión o los pasillos, señaló al término de una vídeoconferencia presidida por la ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, en la que participaron organizaciones sindicales y patronales.

En los próximos días se actualizarán los protocolos laborales de seguridad sanitaria que se habían publicado inicialmente el 3 de mayo, antes del comienzo de la desescalada, para que las nuevas reglas se apliquen desde el 1 de septiembre.

El trabajo a distancia seguirá siendo «una práctica recomendada» para, entre otras cosas, intentar evitar y minimizar el uso masivo del transporte público en las grandes ciudades cuando el mes próximo comience el curso escolar.

El secretario de Estado hizo hincapié en que el uso de mascarilla no eximirá de la obligación de aplicar otras reglas básicas de seguridad sanitaria, en especial el distanciamiento físico, lavarse regularmente las manos, limpiar el mobiliario y el material o ventilar las áreas de trabajo.

Desde el fin del confinamiento por la pandemia entre 20 por ciento y 25 por ciento de los focos de coronavirus identificados en Francia han aparecido en las empresas: de los 268 que siguen abiertos, 60 están en un entorno profesional.

LAS EMPRESAS PAGARÁN

El departamento de Trabajo se mostró claro sobre quién correrá con el costo financiero de las mascarillas que se deban utilizar en la jornada laboral: «Desde el momento en que son obligatorias, las empresas deben proporcionarlas».

Por ahora no se contemplan ayudas públicas para financiar ese gasto y se descarta que estas obligaciones provoquen escasez de mascarillas, dado que el mercado -a diferencia de lo que ocurría durante e inmediatamente después del confinamiento- está bien aprovisionado.

Los inspectores de trabajo serán los encargados de controlar el nuevo protocolo y, siguiendo los procedimientos habituales -sin dispositivos excepcionales-, en caso de incumplimiento serán quienes lleven sus constataciones a los tribunales.

Las direcciones de las compañías estarán habilitadas para imponer sanciones disciplinarias a aquellos trabajadores que se nieguen a ponerse la mascarilla.

EXCEPCIONES

Pietraszewski insistió en la voluntad de concertación con los sindicatos y patronal en los próximos días para detallar las circunstancias particulares de cada sector.

Por ejemplo, habrá que definir si se contempla alguna derogación en las centrales de atención telefónica o en los estudios de radio y de televisión. También se llevará a cabo un trabajo piloto específico para los mataderos, que como en otros países han concentrado muchos de los focos de coronavirus surgidos en el mundo laboral, según se sospecha por las condiciones de frío y humedad en que se realiza el trabajo diario.

La administración francesa pretende reforzar las recomendaciones sobre los alojamientos de trabajadores, que son responsabilidad de las empresas -como suele ocurrir con los jornaleros-, para que, en la medida de lo posible, se busquen alojamientos individuales.

La Confederación General del Trabajo señaló en un comunicado que la mascarilla no debe ser el único instrumento de protección frente al riesgo epidémico, sino que hay que ajustar otras dimensiones para proteger a los empleados, como el tiempo, las condiciones laborales y la organización del trabajo.

La patronal Medef, por boca de su presidente delegado, Patrick Martin, había pedido poco antes de los anuncios del Ejecutivo que se evitaran «medidas generales demasiado coercitivas».

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