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Embargan Balvanera; por daño ambiental la sanción es de 48 mdp y 86 hectáreas

Embargo de 48 millones de pesos y 86 hectáreas de terreno por cambio de uso de suelo en terrenos forestales, son las sanciones contra la empresa inmobiliaria Residencial Balvanera.

Lo anterior, derivado de que un Juez Federal determinó garantizar el pago de la sanción económica judicial demandada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

De acuerdo a un comunicado de prensa de la Procuraduría, la inmobiliaria realizó sin autorización un cambio de uso de suelo en terrenos forestales, sin pago al Fondo Forestal Mexicano, ocasionando daños al ambiente en una superficie de 22 mil metros cuadrados de vegetación natural.

Explican que ahí se construyó un edificio de cinco pisos con 22 departamentos y dos penthouse de lujo, casa club, alberca, gimnasio y estacionamiento.

En el comunicado emitido por Profepa se señala que “en agosto de 2012, la empresa Residencial Balvanera informó a la Semarnat que realizaría actos de remoción de vegetación forestal en un predio ubicado en el municipio de Corregidora, solicitando autorizaciones federales en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales”.

No obstante en diciembre de 2013 y tras haber solicitado las autorizaciones forestales necesarias, la empresa decidió abandonar el trámite, aunque sí realizó la remoción de la vegetación y comenzó con la construcción, hecho que constató la Profepa al realizar vistas de inspección al desarrollo.

“Encontrando que las actividades inmobiliarias ya habían iniciado sin permiso, sin realizar un programa de rescate y reubicación de especies de la vegetación afectada y sin pagar medidas compensatorias, por lo que se ordenó la suspensión total temporal del proyecto. A pesar de estas acciones necesarias para proteger el medio ambiente, la empresa optó por desacatar dicho mandamiento, continuar y concluir la ejecución de las obras en el sitio inspeccionado, iniciando la comercialización de departamentos y lotes construidos en el predio”.

Para noviembre de 2016, la Profepa aplicó el Protocolo de Responsabilidad Ambiental, ante el incumplimiento y desacato por parte del residencial, por lo que ejerció una acción judicial interponiendo una demanda que fue admitida por el Juez Primero de Distrito con residencia en el Estado de Querétaro.

El órgano jurisdiccional ordenó ejecutar diversas medidas precautorias, entre las que se encuentran el mandato para que la empresa se abstenga de cualquier acto de remoción de vegetación, traslación de dominio, posesión o en su caso, la celebración de algún contrato que altere la condición que guarda el terreno afectado.

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