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El 70 por ciento de los ríos y lagos, contaminados, asegura Greenpeace

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En México no solo se vive una “crisis hídrica” por las sequías y problemas de disponibilidad y saneamiento de agua, actualmente, sino que además el 70 por ciento de los ríos y lagos están contaminados por sustancias toxicas del sector industrial, agroquímico y doméstico, expuso Miguel Soto Treviño, coordinador de la Campaña de Tóxicos de Greenpeace.

Si bien estos datos son cifras oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “pero imagínese la realidad”, lamentó Soto, quien urgió a prevenir y terminar con las actividades que destruyen o deterioran las cuencas subterráneas del país.

Durante el lanzamiento de la campaña, “El agua en manos ciudadanas”, el activista, resaltó que la polución hídrica perjudica directamente a las comunidades que viven en las inmediaciones de los ríos, lagos y otros afluentes porque provoca daños a la salud y contamina las fuentes de alimentos.

Además, representa un alto costo para la sociedad en su conjunto: entre más agua sea contaminada en los afluentes, más costoso será potabilizarla, llevarla a las ciudades y atender los impactos que deje en las comunidades y en el medio ambiente.

Recordó que el caso de la cuenca del Río Sonora donde hasta ahora no hay ningún detenido, y muy recientemente el del Río Santiago, en Puebla, en el cual hace unas semanas el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la ONU, presenció la contaminación y declaró que era una catástrofe ecológica.

Soto Treviño argumentó que diversas organizaciones no gubernamentales hicieron una propuesta para la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas y, en ella, planteó que el agua destinada al uso personal y/o doméstica debe ser saludable y cumplir criterios de calidad.

A su vez, Ugo Mattie profesor de Derecho Civil en la Universidad de Turín, Italia, habló sobre el tema del derecho al agua, “Cuando un Estado privatiza una vía de ferrocarril, una línea de transporte aéreo o acceso a la distribución de hídrica, expropia a la comunidad de una parte de sus bienes”, expuso.

El activista que promovió en 2011 el referéndum para abolir el intento de privatización de agua en Italia, destacó que, en un proceso de privatización, el Gobierno vende algo que no le pertenece ya que estos bienes le corresponden a cada uno de los miembros de la comunidad.

“El Gobierno debe poder disponer de los bienes de los ciudadanos para cumplir correctamente su servicio, siendo su papel de un administrador de confianza, no el de un propietario libre de abusar de su patrimonio”, subrayó el académico italiano.

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