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Demanda Congreso adecuar normatividad

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a los congresos y gobiernos de las entidades federativas que realicen las adecuaciones normativas correspondientes para la instrumentación de sus sistemas locales anticorrupción. El plazo legal vence el próximo 19 de julio.

En tanto, los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción, trabajan sin contar con el apoyo del presupuesto federal; “lo hacen en lugares públicos como cafeterías, restaurantes o salones prestados, a fin de sesionar para cumplir la ley”, denunciaron senadores del PAN.

Respecto al Comité de Participación Ciudadana, los senadores exigieron al secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, destine a la brevedad los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para la operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como lo establece el artículo séptimo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017.

Marcela Torres Peimbert señaló que desde hace cuatro meses los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) de este mecanismo han tenido que trabajar sin contar con el apoyo del presupuesto federal.

Con este motivo, presentaron un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que la SHCP acate lo mandatado en el artículo séptimo transitorio del PEF.

Los legisladores indicaron que pese a lo anterior, la participación de la ciudadanía, académicos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, ha sido primordial para el avance del SNA.

Señalaron que recientemente el CPC nombró a su Secretario Ejecutivo, quien actualmente gestiona, “sin mucha suerte”, los recursos para la operación de este SNA establecido en la Constitución Política de nuestro país.

Los senadores criticaron la demora de la SHCP para el otorgamiento de los recursos y cuestionaron si realmente se puede combatir a la corrupción con esta falta de compromiso del Gobierno federal, pues “sólo se trata de una simulación, ya que no se puede pedir resultados a quienes carecen de lo más elemental para llevar a cabo su trabajo”, dijo Torres Peimbert.

Al mismo tiempo, los panistas destacaron que la Constitución y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) obliga a las entidades federativas a contar con sus propios sistemas locales en la materia, a fin de establecer un combate eficaz de la corrupción.

De acuerdo con el artículo Segundo Transitorio de la Ley General, los estados tienen un plazo de un año para crear sus órganos locales y conformar el Sistema, el cual vence el próximo 19 de julio.

A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Pilar Ortega Martínez señaló que además del SNA, se requiere un nuevo modelo de procuración de justicia, que establezca con toda claridad las atribuciones del Fiscal General de la República, el Fiscal en materia de Delitos Electorales y del Fiscal Anticorrupción.

“Estamos detenidos, porque no ha existido siquiera la voluntad política para avanzar en una iniciativa, que propuso el titular del Ejecutivo Federal, para eliminar el pase automático del actual Procurador al Fiscal General”, acotó.

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