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Culpan a las FARC de asesinato de candidata a alcaldía de Colombia

Una candidata a la alcaldía de un pueblo del suroeste de Colombia fue asesinada con otras cinco personas por presuntos disidentes de la desmovilizada guerrilla de las FARC que atacaron con armas de fuego y luego incendiaron el vehículo en el que viajaban las víctimas, informó el lunes el gobierno.

La masacre en la que murió Karina García, aspirante por el Partido Liberal a la alcaldía del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, se registró en una carretera que atraviesa una región montañosa del sudoeste colombiano, estratégica para el narcotráfico y en la que tienen presencia disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz.

García se convirtió en la primera candidata a una alcaldía asesinada en medio de la actual campaña política para las elecciones locales y regionales de octubre. Las otras cinco víctimas fueron la madre de la candidata, tres líderes sociales y un aspirante al concejo municipal de Suárez, dijo la policía.

«Con tristeza mencionamos la muerte de esta candidata del Partido liberal, se confirma que alias Mayinbu, quien es el jefe de un grupo de disidentes de las FARC (…) es el responsable, (…) por su influencia en la zona, de este crimen de atroz», dijo a periodistas el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos.

Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, ofreció una recompensa de casi 44 mil dólares por información de dos líderes de las disidencias de las FARC que tienen presencia en el departamento del Cauca.

Ninguno de los dos funcionarios presentó pruebas concretas de que las disidencias de las FARC sean las responsables de la masacre.

Líderes de la desmovilizada guerrilla de las FARC que se habían desmovilizado anunciaron su regreso a la lucha armada la semana pasada, en el mayor golpe al acuerdo de paz firmado en 2016 para acabar un conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados.

El anuncio de regresar a la lucha armada aduciendo que se incumplió la implementación del acuerdo amenaza con aumentar la violencia y los ataques de los grupos armados, pero también con incrementar los asesinatos y represalias contra los exguerrilleros devenidos en políticos que se integraron a la sociedad como parte del pacto.

El acuerdo de paz permitió que más de 13.000 miembros del grupo guerrillero, incluidos casi 7 mil combatientes, depusieran las armas, se sumaran a la sociedad y debutaran en la política, aunque con el paso de los meses muchos se apartaron alegando incumplimientos y comenzaron actividades de narcotráfico y minería ilegal en selvas y montañas.

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