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Critican método para elegir a ministros en reforma Judicial

Foto: Omar Flores

Por Jacob Sánchez / El Sol de México

La nueva reforma al Poder Judicial de la
Federación (PJF) “quedó a deber” un mejor sistema de designaciones de ministros,
el adecuado mecanismo de renuncias para los ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), tras el caso del ministro en retiro Medina Mora,
así como por dejar de lado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en lo que pretendía ser una reforma integral de todo el PJF.

Así lo consideraron especialistas y legisladores
consultados por El Sol de México, quienes también valoraron esta propuesta de
positiva al no vulnerar su autonomía e independencia, técnica con modificaciones
necesarias, pero con detalles que deberán ser tomados por Poder Legislativo sin
que éstos caigan en la tentación de violar estos dos preceptos que dan vida a
la división de poderes.

“Esta iniciativa no se puede aprobar sin una
discusión. Mal haríamos que se vaya en fast track. Hay que tener una discusión
seria y hay que cuidar todo”, enfatizó Javier Martín, profesor asociado de la
División de Estudios Jurídicos del CIDE.

El también especialista en Derecho público y
política judicial destacó que para este ejercicio el Parlamento Abierto será
una gran oportunidad de que los legisladores puedan coadyuvar realmente a la
consolidación del Poder Judicial.

Esto fue secundado por la senadora Claudia Anaya
Mota, secretaria de la Comisión de Justicia, quien detalló que este ejercicio
podría contemplar a cada una de las partes implicadas en este proceso judicial,
desde el personal administrativo, a los litigantes como hasta los propios
impartidores de justicia.

En este sentido, Martín Reyes consideró que la
reforma judicial “quedó a deber”, ya que sostiene algunas medidas son
discutibles y convendría que se reformaran por los legisladores durante su
dictaminación.

Al coincidir con la senadora por Zacatecas, ambos
advierten de la facultad que asumiría el Consejo de la Judicatura Federal para
designar, sin quede claro, qué jueces o magistrados resolverán un asunto
“social de especial relevancia”, sin detallar que se refiere el fraseo, y que
“lo que parece es que remite a todos los litigios relacionados con
megaproyectos y decisiones de la administración pública como el aeropuerto de
Texcoco, su cancelación, la construcción del Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía,
la construcción del Tren Maya”, añadió el abogado y politólogo.

“Ahí parece que se abre la puerta para que el
Consejo de la Judicatura, que ahí tiene muchos consejeros afines de Morena
diga: ‘mira este juez quizá no es particularmente propenso a votar a favor de
esto se lo vamos a pasar a este otro’. Esa es una ventaja muy peligrosa”,
advierte.

También, menciona la intención de debilitar a los
tribunales colegiados de circuito, con la creación de plenos regionales y
tribunales colegiados de apelación, ya que se ubicarían por encima de los
tribunales colegiados, quienes se encuentran en medio de la Suprema Corte y los
Juzgados de Distrito, o bien por debajo de éstos evitando que los asuntos
lleguen a éstos.

Para el senador Samuel García Sepúlveda es
necesario que se agregue a la nueva reforma, que los precedentes que ahora
citarán los ministros de la Corte no sean solo obligatorias para los tribunales
federales del país, sino que también lo san para autoridades administrativas

“Ya no queremos secretaria del bienestar que le
saque la vuelta a la jurisprudencia, ya no queremos un SAT que no devuelve los
impuestos a favor de los contribuyentes ya no queremos registro civil que viole
el derecho de los mexicanos a cambiarse de nombre”, apuntó el de Nuevo León.

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