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Corrupción mina Estado de Derecho en México

Foto Alejandro Aguilar

Por Erick Ramírez / El Sol de México

El aumento en el último año de la violencia, la
incidencia criminal y la corrupción en las entidades de la República son los
factores principales del debilitamiento del Estado de derecho en México, de
acuerdo con World Justice Project (WJP) en la segunda edición del Índice de
Estado de Derecho en México, que hoy será presentado con la participación del
presidente de la Conago, Francisco Domínguez. Todas las entidades quedan a deber
en el cumplimiento de la ley, el acceso a la procuración de la justicia o el
combate a la corrupción, incluso, desde la oficina de los gobernadores.

El índice analiza ocho factores, que a su vez se
desagregan en 42 subvariables para medir qué tanto se cumple la ley desde la
percepción de los encuestados y cifras oficiales.

Durante 2019, el rubro de orden y seguridad
registró una caída en 19 estados del país respecto al puntaje obtenido en 2018
como consecuencia del aumento en la tasa de homicidios, la prevalencia e
incidencia delictivas y del deterioro de la percepción de seguridad de los
mexicanos.

Los 10 estados con el mayor retroceso en esta
materia son Tlaxcala, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Baja
California, Ciudad de México, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.

Además, el WJP indicó que existe la percepción de
un alto porcentaje de corrupción de los gobernadores, así como la falta de
acceso a la justicia y la poca eficiencia de los procesos de justicia civil.

«La percepción de la población es que la
corrupción en altos niveles es muy grande y que no se ha hecho lo suficiente
para combatirla», dijo Mario Rodríguez, investigador del WJP.

Los investigadores del WJP explicaron que si bien
la seguridad está en buena parte a cargo del Gobierno federal, también se está
midiendo la efectividad de policías estatales y municipales. A nivel local, por
ejemplo, el robo a transeúnte impacta en buena parte la percepción de seguridad
y esa corresponde al ámbito local.

«Esto no es una evaluación como tal del
Gobierno federal, sino de los cambios que se están dando al interior de los
estados de la República», puntualizó Eréndira González, investigadora del
WJP.

El Estado de Derecho se entiende como el
principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades
están sujetas al cumplimiento de la ley, donde hay respeto a derechos humanos.

En la dimensión de Justicia civil, que mide si
las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver
sus controversias a través del sistema judicial civil, la mayoría de los
estados que tienen los puntajes más bajos de esta dimensión son los
relacionados con el acceso a la justicia y la eficiencia de los procesos al
transitar el sistema de justicia civil. La mayoría de los estados también
enfrentan grandes desafíos en el factor que evalúa la efectividad y la calidad
del sistema de justicia penal, especialmente al medir la efectividad de las
investigaciones por parte de la policía y de los ministerios públicos. De
hecho, este fue uno de los ejes «peor evaluado». Esto se debe en gran
medida a la cifra negra, que son los delitos que no se denuncian, los cuales
fueron estimados por el Inegi en 93.2 por ciento en el país.

El WJP llegó a estas conclusiones luego de haber
medido más de 600 variables generadas a partir de las respuestas a una encuesta
aplicada en junio y agosto de 2019 a 25 mil 600 ciudadanos y a dos mil 600
expertos en derecho en las 32 entidades federativas, en torno a materias como
límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto,
derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia
civil y justicia penal. También se tomaron en cuenta 12 indicadores con datos
administrativos y de encuestas con representatividad estatal.

De esta manera, otorgó a cada entidad una
calificación del 0 al 1, siendo el uno la calificación máxima en cuanto a apego
al Estado de Derecho. Ningún estado obtuvo una calificación perfecta, siendo
los puntajes más altos en el Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020
Yucatán (0.46), Aguascalientes (0.45) y Zacatecas (0.43). Estos mismos estados
lideraron el ranking en la edición de 2018 del Índice.

Los estados en los lugares más bajos fueron
Guerrero (0.33), Puebla (0.35), y Quintana Roo (0.35). En la edición pasada
Guerrero también se ubicó al final del ranking.

«Hemos identificado que los estados que
están haciendo las cosas bien siguen avanzando, mientras que los peor evaluados
están estancados. Por ejemplo, Guerrero a pesar de que está cerrando esta
brecha aún le falta mucho por hacer», dijeron los investigadores.

Según explicó Jorge Morales, investigador basado
en Washington D.C. del WJP, la medición busca identificar las diferencias entre
entidades, sus carencias, así como los avances registrados en el tiempo
derivados de políticas públicas emprendidas en los estados y replicarlos.

Este ejercicio de medición subnacional para un
país en específico es el primero en llevarse a cabo por el WJP, y la idea es
que se realice año con año. «Hay un interés de saber si estas políticas
públicas que llevan implementándose durante años están o no dando
resultado», explicó Morales.

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