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Cómplices de corrupción, si rechazan Ley Zaldívar: AMLO a ministros

Por Roberto Cortez / El Sol de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no aprueban la extensión de dos años en su cargo al ministro presidente Arturo Zaldívar, serán cómplices de la corrupción.

“Sí (serían cómplices), yo creo que consciente o inconscientemente, por el coraje que les produce la transformación que se está llevando a cabo en el país, pues apoyan al régimen de corrupción”, respondió el primer mandatario a pregunta expresa durante su conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional.

López Obrador opinó que de nada servirá una reforma para acabar con el nepotismo y la corrupción en el Poder Judicial si el encargado de conducir este proceso de transformación es un personaje “conservador del antiguo régimen”.

“¿Pues de qué sirve que se lleve a cabo una reforma así?, pues es letra muerta… Sí son importantes las instituciones, fundamentales, pero también los hombres o las mujeres que las dirigen”, señaló.

Al respecto, Raúl Carrancá y Rivas, profesor emérito de la UNAM, consideró que las declaraciones del primer mandatario representan una injerencia en otros poderes y una advertencia.

“Es una opinión muy subjetiva y muy desafortunada, porque los ministros tienen la obligación, en el caso de que llegara a la Corte, (de decidir sobre) el asunto. Al contrario, creo que es una intervención del Poder Ejecutivo a nivel de advertencia, entre comillas, al Poder Judicial. Está metiéndose donde no debe”, dijo.

Ayer, el bloque opositor en la Cámara de Diputados anunció que promoverá una acción de inconstitucionalidad para echar abajo el artículo décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, conocido como Ley Zaldívar, que extiende dos años el mandato del presidente de la Corte y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El periodo del ministro Zaldívar concluye en 2022, pero la integración del artículo transitorio lo dejaría al frente de la Suprema Corte hasta 2024, el mismo año que termina el sexenio de López Obrador.

La decisión final quedará en manos de los miembros de la Corte. Para que se declare la invalidez del artículo impugnado, ocho de los once ministros tendrían que votar a favor de su derogación.

Al respecto, Carrancá y Rivas explicó que el artículo 100 constitucional, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, determinan que el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura Federal se limita a los cuatro años en que se ocupa la presidencia de la Corte.

“Siendo inherente al cargo de presidente de la Corte el de presidente del Consejo, y si se diera la ampliación de que se trata, prevalecería lo meramente administrativo por lo que en cuestiones de fondo se dejaría al propio Consejo sin voto del presidente. Absurdo y grave, aparte de inconstitucional. Quedaría acéfalo el Consejo”, concluyó.

ANTECEDENTE

En su defensa a la Ley Zaldívar, el Presidente aseguró que hay un antecedente.

El evento al que hizo referencia ocurrió en 2017, cuando la Corte avaló la reforma que amplió el periodo al cargo de cuatro de los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF, aun cuando la Constitución determina que el cargo de magistrado electoral es de carácter improrrogable.

El Senado designó a los siete magistrados electorales antes del 30 de octubre de 2016, por una mayoría agravada, a propuesta de la SCJN. La Corte argumentó entonces que, en su facultad legislativa, el Congreso modificó los plazos de duración del cargo de los magistrados electorales con antelación de que iniciaran su mandato, por lo que las reglas para su desempeño se emitieron en tiempo y forma.

AMLO omitió mencionar que Arturo Zaldívar votó en contra de la ampliación al calificar el acto legislativo como una violación a la independencia judicial.

“Existe una violación al principio de independencia judicial porque a través de una ley privativa y en contravención al procedimiento de nombramiento del artículo 99 constitucional, el Congreso de la Unión altera los términos de las designaciones realizadas conforme a un régimen transitorio, que tardó nueve años en diseñarse e implementarse”, dijo entonces.

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