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Buscan moldear el Poder Judicial a los ejes de la 4T

Foto: Alejandro Aguilar

Por
Jacob Sánchez y Gabriel Xantomila / El Sol de México

En
un hecho sin precedente, los titulares de los Poderes de la Unión pactaron
iniciar la discusión de la reforma constitucional al sistema judicial, cuyo eje
es alinear las leyes y normas que rigen su operatividad con los principios de
la Cuarta Transformación de combatir la corrupción y la impunidad.

Al
defender el papel de los juzgadores como garantes de la estabilidad
democrática, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo que “estamos en un momento
social y político propicio para una reforma que fortalezca al Poder Judicial”.

Los
senadores buscan alinear 99 iniciativas en un dictamen que se prevé este listo
a más tardar la segunda semana de enero de 2020, y que parte de propuestas que
han levantado la crítica de la esfera judicial.

Para
ello, se han delineado iniciativas en el Congreso de la Unión que han causado
polémica entre la comunidad jurídica por tocar temas como ajustar el
funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), frenar el nepotismo,
la remoción, sanciones y adscripción de jueces federales, así como la
austeridad, paridad de género, rotación de jueces y la transparencia en sus
sentencias.

También
se analizará la viabilidad de crear una tercera sala dedicada a resolver actos
de corrupción, con lo que el Ejecutivo propondría cinco ministros adicionales
al pleno de la Suprema Corte.

Zaldívar
coincidió con el coordinador de Morena en el Senado y principal artífice de
cambios al sistema judicial, Ricardo Monreal Ávila, en que se necesita “una
sacudida” al interior de este Poder para garantizar su papel equilibrador.

“Tengo
la confianza en que el resultado de esta colaboración de Poderes será una
reforma de Estado que dará cauces a las exigencias de justicia del pueblo de
México”, dijo el ministro Zaldívar al tiempo de reconocer que la ciudadanía los
ve ajenos a la realidad y como un grupo que sólo defiende privilegios.

Confió
en que la reforma que emerja de este ejercicio debe ser producto de una
construcción común, con pleno respeto a la división de Poderes y a la
independencia, tanto del Legislativo como del Ejecutivo.

“Los
jueces federales y particularmente los jueces constitucionales somos pilar
esencial de una sociedad libre y democrática. El fortalecimiento de la
independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación y,
particularmente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es indispensable
en un Estado constitucional y democrático de derecho”, aseveró durante la mesa
de trabajo para una “Reforma con y para el Poder Judicial’’.

Y
anunció que en breve enviará al Congreso la propuesta que los juzgadores ven
más viable para modernizarse y responder a las demandas ciudadanas, pues
reconoció hoy se les ve alejados de la ciudadanía y como un grupo que sólo
quiere defender sus privilegios.

El
presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal,
atizó la crítica a los juzgadores al reprocharles que “en momentos cruciales,
no estuvieron a la altura de las responsabilidades y competencias que les
correspondían como garantes del respeto y la protección de los derechos humanos
y de la democracia formal”.

Y
enlistó lo que llamó capítulos negros como la represión y las matanzas de 1968
y 1971. Los fraudes electorales de 1988 y 2006. Resoluciones como la de la
Guardería ABC, Atenco y Ayotzinapa, entre otras.

En
el evento también participó el consejero jurídico de la Presidencia, Julio
Scherer Ibarra, quien señaló que el Poder Judicial enfrenta grandes retos que
evidencian la necesidad de revisar el sistema de justicia y realizar cambios al
interior; mientas que estimó que esta transformación no se podrá concretar si
no se refuerza la independencia, calidad y el profesionalismo del propio Poder.

Consideró
que un adecuado acceso a la justicia y mecanismos eficientes de solución de
conflictos generan incentivos para que los derechos elementales se protejan y
produzcan consecuencias para quienes transgreden los derechos de otros, por lo
que dijo, que generar estos mecanismos contribuirá a reducir la impunidad y la
corrupción, a mejorar la capacidad del Estado de impartir justicia, así como
alcanzar la igualdad y la paz social.

Dentro
de estas reformas, trasciende la intención del gobierno federal por generar un
Código Penal Único, como planteó el PRI en San Lázaro el pasado mes de mayo y
que dé como resultado una norma homologada, con aplicación en todo el territorio
nacional y que garantice un trato idéntico a las mismas conductas punibles.

Ello,
para eliminar la multiplicidad de códigos penales en las entidades federativas,
ya que se deja la libre autodeterminación de las entidades federativas, la
tipificación de hechos como el aborto, la interrupción del embarazo y la
eutanasia.

Adelantó
que se propondrá que la autoridad judicial, observe los principios de
taxatividad, racionalidad, intervención mínima, proporcionalidad, graduación y
congruencia al momento de individualizar la sanción penal.

Scherer
Ibarra también enmarcó regular las leyes generales sobre tipos penales
especiales para prevenir y sancionar delitos como: secuestro, desaparición
forzada de personas y otras formas de privación de la libertad contrarias a la
ley, trata de personas, delincuencia organizada, tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanas, degradantes y delitos electorales.

Así
mismo, dijo que se propondrá la expedición de una ley para homologar los
procedimientos de procuración de justicia, con base en los principios de
colaboración, cooperación, concurrencia y auxiliaridad.

En
ella, apuntó que se establecerá la regulación en materia de capacitación de los
policías como primeros respondientes; la obligación de los policías, analistas,
peritos y demás personal de las procuradurías o fiscalías locales y de la
Federación, de prestar auxilio al ministerio público, para la investigación de
hechos constitutivos de delitos.

Además,
aseguró que trabajarán en la creación de un Registro Nacional de Carpetas de
Investigación y las bases de atracción de los casos entre el ministerio público
de la Federación y de las entidades federativas.

“En
el mismo sentido, propondremos para su reforma a este Congreso, la reforma a la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para dar facultades a la
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para fijar criterios y emitir
lineamientos de actuación que faciliten y mejoren la consignación de las
carpetas de investigación, en plena observancia de la autonomía de los agentes
del ministerio público”, añadió.

Por
su parte el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero enfatizó que
es necesario innovar un nuevo modelo de justicia cívica inmediata, por lo que
instó a legislar lo antes posible.

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