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Bukele ordena incomunicar a prisioneros

Las cárceles de El Salvador amanecieron en estado
de emergencia luego de la orden dada por el presidente Nayib Bukele de que
todos los prisioneros deben estar incomunicados, ante nuevos ataques a agentes
de Seguridad, especialmente a miembros de la Fuerza Armada.

«Director Osiris Luna Meza, decrete estado
de emergencia máxima en todos los centros penales. Todos a encierro total, ni
un rayo de sol para nadie, cero visitas, actividades, tiendas, todos a sus
celdas, incomunicados. 24/7 hasta nueva orden», ordenó Bukele por Twitter.

Lo anterior fue en respuesta de un nuevo ataque a
un miembro de la Fuerza Armada de El Salvador, quien está desaparecido luego de
ser lesionado por supuestos pandilleros.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el
soldado reportado como desaparecido en Ahuachapán (occidente) responde al
nombre de José Rigoberto Reyes Molina, de 28 años, y estaba destacado en la
Segunda Brigada de Infanteria del occidental de apartamento de Santa Ana.
Señaló que Reyes Molina fue «interceptado por varios sujetos
pertenecientes a estructuras criminales, cuando realizaba trabajos
agrícolas».

«Los criminales aún controlan la mayor parte
del Estado. Vamos a dar el 100% dentro de lo que la ley nos permita, dios nos
proteja a todos», añadió Bukele. El sábado, un miembro de la Fuerza
Armada, identificado como Santos Elías Díaz Amaya, fue asesinado por
«terroristas», apelativo con el que se les llama a los pandilleros en
este país centroamericano, según lo informó el presidente Bukele.

A la muerte de Días Amaya suman la de dos los
miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), asesinados en enero por supuestos
miembros de pandillas.

El Salvador es considerado uno de los países más
violentos del mundo por las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes de
entre 103 y 50.3 registradas entre 2015 y 2018, índices atribuidos
principalmente a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras
minoritarias.

Estos grupos criminales poseen unos 60 mil
miembros en todo el país y también son acusados de cometer la mayoría de
crímenes contra policías y militares.

Dichas bandas, un fenómeno considerado como
herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación
de pandilleros de EU, han resistido a diferentes planes de seguridad de
encarcelamiento masivo, confrontación directa y diálogo de los últimos cuatro
gobiernos.

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