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Aumentan las peticiones de asilo en el país; van 20 mil este año

Bertha Becerra / El Sol de México

De 2011 a 2016, México reportó un aumento de más de 100% en el número de solicitudes de asilo, tendencia que se acentuó el año pasado y se mantuvo a lo largo del primer trimestre de 2017.

En 2016, México recibió casi nueve mil solicitudes de asilo; esto es, 156% más que en 2015. Y en base a esta tendencia, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señaló que habrá al menos 20 mil solicitudes de asilo en este año.

Así lo señala la iniciativa que presentaron las senadoras Diva Gastélum, Cristina Díaz e Hilda Escalera (PRI) y María Elena Barrera (PVEM), en la que proponen que a las personas perseguidas por su orientación sexual, se les otorgue la condición de refugiados en nuestro país y con ello, se garantice un pleno ejercicio a sus derechos humanos, de acuerdo con el marco jurídico nacional e internacional.

Las legisladoras recordaron que México incluyó en su legislación como quinta causal para el reconocimiento de la condición de refugiado, la persecución por motivos de género, misma invocada para fundamentar decisiones que conciernen a personas LGBTI. No obstante, aún no considera la preferencia sexual como un motivo para pedir asilo.

Refieren que, de acuerdo al último informe “Homofobia de Estado”, de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) por sus siglas en inglés, actualmente las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son ilegales en por lo menos 72 países. En 45 de ellos, de hombres y también mujeres. En 12 de estos países (o parte de su territorio), pueden llegar a pagarse con la muerte.

En Arabia Saudí, Irán, Yemen, Sudán y parte de Somalia así como en 12 estados de Nigeria, en sus leyes se inscribe la pena capital para este tipo de relaciones. Y otros actores no estatales, sobre todo en el Estado Islámico, la aplican en Irak y Siria.

En Qatar, Mauritania, Pakistán y Emiratos Árabes Unidos, mantienen la posibilidad de aplicarla, aunque no existe evidencia de que haya habido ejecuciones en los últimos años, detallan las legisladoras.

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