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ASF revela irregularidades en Comisión de Atención a Víctimas

Por Jacob Sánchez / El Sol de México

La Comisión Ejecutiva De Atención a Víctimas
(CEAV) no realizó la debida reparación del daño a víctimas, ya que sólo se
enfocó a garantizarles una reparación económica sin establecer medidas de
rehabilitación como indica sus lineamientos internos.

Así lo informó la Auditoria Superior de la
Federación (ASF) durante la revisión de la Cuenta Pública 2018, al informar que
esta dependencia adscrita a la Secretaria de Gobernación se limitó a determinar
la reparación del daño desde la perspectiva pecuniaria (dinero), lo cual no ha
contribuido a la atención integral, ni existe evidencia sobre el acceso
efectivo de las víctimas a los derechos de asistencia, protección, atención,
verdad, justicia y reparación integral.

De acuerdo con “Los lineamientos para la
reparación integral del daño de las víctimas de delitos y violaciones a
derechos humanos en materia de trata de personas” indica que además de los
montos económicos se deberán contemplar medidas de rehabilitación, la cuales
define como “las medidas para brindar a la víctima servicios médicos,
psicológicos, sociales, financieros o de cualquier otro tipo para el
restablecimiento de su independencia física, mental, social y profesional”.

Así mismo, la ASF identificó un rezago de más de
dos mil 400 expedientes y que no se han inscrito en el Registro Nacional de
Víctimas (Renavi), aun cuando el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE) ya
emitió los dictámenes correspondientes; mientras que dentro de éste último
órgano detectó un retraso acumulado de más de tres mil expedientes sin
dictaminar, por lo cual menciona, las personas que fueron víctimas de un delito
federal o de violaciones a sus derechos humanos no han tenido acceso a medidas
de reparación.

Por su parte, señaló que el Renavi carece de
información sobre tipo, fecha, cantidad y periodicidad, orientación,
acompañamiento jurídico y psicológico, o en su caso, medidas de ayuda,
asistencia y reparación integral otorgadas con recursos del Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral (FAARI), al tiempo que añadió que estas
irregularidades “impiden o dificultan el seguimiento a la situación y condición
de las víctimas de delitos federales y/o violaciones de derechos humanos”.

Además, apuntó la ausencia de colaboración
interinstitucional entre todas las dependencias y entidades públicas que
integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

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