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Aprobarán primera ley de juicio político

El estado contará con su primera ley de juicio político, que clarifica las responsabilidades y el proceso contra los servidores públicos que incurran en alguna situación grave, además que ahora se contempla la participación más decidida del Poder Judicial a partir de una aprobación en la Comisión Especial Encargada de Atender los Procesos Legislativos en Materia de Combate a la Corrupción y no a la de Puntos Constitucionales.

Durante la misma sesión en la que se actualizó el sistema penitenciario, mediante una reforma al artículo 2 constitucional, los diputados señalaron que por primera vez el juicio político no será parte de la ley de responsabilidades públicos, sino que representa toda una ley aparte que permitirá la presentación de pruebas.

La presidenta de la Comisión, diputada Daesy Hinojosa Rosas, detalló que ahora el proceso de juicio político contempla la participación de la Legislatura Local sólo en la primera parte y el resto será responsabilidad del Tribunal Superior de Justicia del estado, que deberá declarar si es o no factible una sentencia.

Con los cambios se pretende garantizar que estos procesos lleguen hasta el fin, toda vez que los juicios políticos más recientes se realizaron en la LII Legislatura Local en contra de siete consejeros del entonces Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) y el castigo consistió en destitución del cargo e inhabilitaciones en el servicio público de entre dos años y medio y siete años y medio.

Todos los demás casos iniciados y solicitados, hasta ahora, quedaron inconclusos, por lo que se espera que tener una ley especializada en este tema genere una mayor claridad, toda vez que entre las personas sujetas a juicio político se encuentran los magistrados, jueces del poder judicial, secretarios, subsecretarios, el fiscal general, fiscales, oficial mayor, directores, el auditor superior del estado, comisionados de transparencia, acceso a la información pública, integrantes del ayuntamiento y los equivalentes en las diferentes entidades públicas.

Como parte del fortalecimiento y claridad al juicio político, se agregó el artículo 37 bis a la constitución política estatal, para definir a quiénes se considera como servidores públicos y su responsabilidad por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Entre las sanciones se contemplan desde la destitución hasta inhabilitación, que puede tener periodos de uno a 20 años ya que “estamos poniendo en claro cuáles son las formas en que se puede establecer un juicio político”.

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