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Advierten que la austeridad planteada por AMLO detonará crisis

Erick Ramírez

Reducir en 70% el número de plazas de confianza en la administración pública federal y topar los salarios a 108 mil pesos, como lo plantea el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, generará “una crisis” en el sector público, ahuyentará al talento y limitará capacidad de las instituciones para cumplir con sus responsabilidades.

Así lo aseguró un grupo de actuales y exservidores públicos en el documento técnico titulado Análisis de los Lineamientos de Combate a la Corrupción y Aplicación de una Política de Austeridad Republicana.

Según el documento, y de acuerdo con el Censo de Gobierno 2017 elaborado por el INEGI al cierre de 2016, en la Administración Pública Federal (APF)laboraban un millón 567 mil personas en 319 entes públicos. De ese total, el 20.3% ocupaba puestos de confianza, es decir, casi 318 mil personas.

Así, con motivo de la medida propuesta, serían motivo de despido un total de 222 mil 600 personas, con la consecuente desaparición de los respectivos puestos y plazas que ocupan.

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Esta medida –explicaron– implicaría que las dependencias operen únicamente con el 30% del personal de confianza, lo que impactará de manera negativa en la capacidad del Ejecutivo para realizar su función de forma eficiente y eficaz.

Las funciones de los trabajadores de confianza corresponden a puestos de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, con un grado de formación más alto que los puestos de base.

“Es altamente previsible que se generen serios y complejos problemas de operación al carecer del personal de confianza suficiente para ejercer los actos de autoridad y desplegar exitosamente la función pública; pudiendo incluso comprometerse el total cumplimiento de metas y objetivos trazados. Sin duda el sector público en su conjunto atravesaría por una compleja situación de crisis”, advirtieron.

Entre los firmantes del documento se encuentran Mario Alberto Fócil Ortega, Gonzalo García Cervantes, Gonzalo García Cervantes, Ernesto Navarro Adame y Agustín Martínez Herrera, entre otros. Según refirieron, el documento pretende ser una aportación que contribuya a la implementación lineamientos que salvaguarden el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas y los derechos de las personas servidoras públicas.

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